Autor: Juan Luis Font

La disyuntiva entre ser una administración que le abra al país un horizonte democrático o conformarse con ser un alero donde guarecerse de la lluvia por un tiempo.

El gobierno elige la vía legal para enfrentar a sus enemigos. Pero la justicia está en manos de ellos y así le va. Sin embargo, elige no decir mayor cosa al respecto. Ni al respecto de nada.

El presidente Bernardo Arévalo afronta su mayor desafío de corto plazo y se ve en riesgo de hipotecar su gobierno entero a la actuación espuria de las instituciones cooptadas.

El necio quizá lo intente de nuevo. Pero hoy es mucho más débil que la semana previa.

La misma práctica seguida contra jueces y magistrados se ha usado contra el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Pero el costo puede ser altísimo.

Los antiguos aliados de Giammatei dicen oponerse al Golpe pero muestran sus colmillos al futuro partido de gobierno.

Cuando menos se lo esperaban, los aliados en el poder enfrentan un batacazo de quienes han sido sus aliados.

El CACIF prefirió no firmar junto al Presidente electo y las organizaciones indígenas y empresariales emergentes un llamado a defender el resultado electoral. ¿Es eso importante?

En el país prevalecen dos ideas distintas sobre el mismo término y la concentración del poder ni siquiera se admite.

Los partidarios de la Fiscal General, María Consuelo Porras, parecen niños vendados con un palo en la mano, batiendo sin suerte el aire, en busca de la piñata.

La protesta, con toda la alegría y la incordia y el disgusto que inspira, ha dejado una cosa en claro: sería costosísimo arrebatarle la presidencia a Bernardo Arévalo.

La Corte de Constitucionalidad pudo apagar las llamas, pero prefirió avivarlas. Los llamados a reprimir la protesta hacen las veces de gasolina.

Diputados, magistrados y fiscales saben que el Presidente les ha dejado en el campo de batalla. Él trata de salvarse. Ellos de sobrevivir.