Han pasado 24 meses desde que el Congreso aprobó con 105 votos la alianza público-privada para la realización de cuatro carriles y 42 kilómetros de la autopista Escuintla— Puerto Quetzal, y los trabajos aún no empiezan.
Todo apunta al estudio definitivo de ingeniería (EDI) presentado por el 06 de octubre del año en curso por el Consorcio Autopistas de Guatemala (Convia) donde se establecen las condiciones técnicas de ingeniería civil a desarrollar y ejecutar; aplicación de normativa y reglamentos nacionales, así como el cierre financiero de la obra. La Dirección General de Caminos (DGC), ha improbado el estudio en tres ocasiones, lo que ha vetado el arranque de obras.
Sandro Testelli, director de CONVIA, explica el dictamen de la dirección de caminos y la continuidad del proyecto, cuyo cierre ronda en US$ 140 millones: “Se entiende que tengamos observaciones y recomendaciones, pero estas son de carácter técnico que podrían resolverse en los avances del proyecto, principalmente el tema de gestión de riesgos que están del lado de la inversión privada. Esperamos librar esta etapa técnica que está basada en observaciones y recomendaciones para continuar con el proyecto”.
Fernando Orellana, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) explica los impactos que esto podría generar en las concesiones: “El contrato está vigente y el tiempo no perdona, los 25 años empezaron a correr desde que el Congreso de la República aprobó el contrato y cada mes que pasa es un mes menos que tiene para la construcción de la infraestructura que se comprometió el sector privado a construir. Por otro lado, un mes menos que si tiene para la recuperación de la inversión”
Este es el primer proyecto de infraestructura público-privada entre el gobierno y la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económico. Julio Héctor Estrada, exdirector ejecutivo de ANADIE, expone que la continuidad de la obra está en una decisión administrativa: “Es una decisión administrativa que no requiere muchos cambios, hay que poner en acuerdo los detalles de la carretera que ni siquiera tiene una complejidad técnica”
Heizel Padilla, directora de la iniciativa de transparencia en el sector de la construcción (CoST), iniciativa Internacional que tiene como objetivo fundamental, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en proyectos de obra pública, señala los efectos que la falta de coordinación entra las entidades podría tener en próximos proyectos de la alianza público— privada: “Una alianza público-privada tiene sus peculiaridades, pero dentro de este marco se deben considerar los plazos perentorios en cualquier proceso, pero en este caso debería existir una justificación para extender una entrega, pero son procedimientos que se establecen en la ley y dentro de lo acordado por ambas partes. ”