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Hace dos semanas 95 diputados improbaron el Estado de Calamidad solicitado por el presidente Bernardo Arévalo, quien buscaba, mediante el decreto, agilizar la reparación del kilómetro 44 de la autopista Palín, Escuintla, inhabilitado desde el 13 de junio cuando las lluvias destruyeron un tramo. Por ahora, el Gobierno sigue el camino más extenso: prepara un proceso de licitación que tardaría unos seis meses por el alto volumen de gastos.
Pocas opciones le quedan a Arévalo para ser más ágil y una de estas es volver al Congreso. Diputados de bloques como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y CABAL trabajan en iniciativas de ley que buscan soluciones a la autopista.
Julio Héctor Estada, diputado de CABAL y exministro de Finanzas durante la administración de Jimmy Morales, presentará una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado para devolver a la vida jurídica las compras para emergencias:
Porque el Estado está en un nivel de desamparo, no tiene alternativas para algo que no califica como un Estado de Calamidad, pero se tiene que hacer es una compra directa, por emergencia, por caso no previsto. Esa consideración la tenía la ley hasta 2015 y con un acuerdo gubernativo el Ejecutivo o Concejo Municipal podía decidir qué podía comprar por urgencia.
Alejandro García, viceministro de Infraestructura, coincide con Estrada en que eliminar las compras para emergencias “fue uno de los errores más grandes” y espera las reformas.
Otra alternativa que le queda al Ejecutivo es propiciar la intervención del Cuerpo de Ingenieros del Ejército -aún bajo estudio- y que las cámaras empresariales habiliten un banco de materiales en donación ya que tampoco podría comprar, sino solo mediante licitación.
Mynor Rivera, diputado de la UNE e integrante de la Comisión de Comunicaciones del Congreso, afina otra iniciativa de ley que busca dotar de presupuesto especial al Cuerpo de Ingenieros del Ejército: “Usar al Ejército, darle las atribuciones para intervenir el tramo afectado y deberíamos de saltarnos Guatecompras. Pero el propio diputado cuestiona: ¿cómo le entregamos atribuciones al ministerio de la Defensa, -que se encarga de defender el territorio nacional-, para incidir en temas que le competen a Comunicaciones?”.
El gobierno teme persecución penal en contra del Gabinete al decretar un Estado de Prevención, pues los funcionarios analizan que este es para atender asuntos sociales y no de infraestructura. El propio Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, enfrentan investigaciones del MP; además, ministros como el de Finanzas y también su actual secretario de comunicación, por distintos casos.
No obstante, diputados como Estrada creen que es aplicable un Estado de Prevención, en tanto el exdiputado Dorian Taracena señala: con el Estado de Prevención seguramente se va a ir gente presa o demandada. La única opción que le queda a al Presidente es o le entre del lado del Estado y lo recupera, o lo vuelve a entregar a concesión, a lo que ellos como partido se opusieron, lo complicado es que eso está afectando mucho a la población.
Un estudio de Doses, una organización de monitoreo de medios, resaltó que entre el 11 y 17 de julio, uno de los temas más discutidos en redes sociales fue venganza política en el Congreso y los problemas de infraestructura que enfrenta el país. También las críticas hacia el gobierno crecieron 23%.
Las autoridades no proporcionaron el presupuesto estimado para la reparación de la autopista, pero sí afirman que necesita un estimado de 70 mil metros cúbicos de relleno de distintos materiales. Los empresarios se comprometieron a colaborar con el material y maquinaria, pero el viceministro asegura que la ayuda no llega. Más bien el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), exigió agilizar los trabajos. El funcionario dijo que piden un cronograma, pero este depende de la entrega de los materiales. ConCriteiro solicitó una respuesta al CACIF, pero no atendieron.
Con pocas salidas al problema, el Gobierno prepara el proyecto de reparación de la vía en el Sistema Nacional de Inversiones; elaboran expedientes con estudios de factibilidad, que eventualmente permitan elevar los procesos de licitación en Guatecompras. O esperan que el milagro venga del Congreso.