Este podría ser otro año en el que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se ahogue a un metro de la orilla. El pasado viernes, durante la elaboración del proyecto del presupuesto del Estado para el 2020, estimó que finalizaría el 2019 con una brecha tributaria de Q2.500 millardos, respecto de la meta de Q63.4 millardos.
Abel Cruz, superintendente, no encuentra la causa del casi 4% del déficit:
“Buscarle explicación a por qué no se ha llegado, no hay una respuesta. O sea yo no te puedo decir no se ha llegado porque tal plan fracasó”.
Aunque hay un fenómeno, según él, que incide en la insuficiencia de la recaudación: las elecciones.
“En el entorno político, (el contribuyente) está preguntando quién va a quedar. Se crea una expectativa, que, lamentablemente, muchas veces es: es que ya viene cambio de gobierno, van a dar una exoneración fiscal. Aunque nosotros estemos fiscalizando, los contribuyentes dicen: no, mejor me espero (a pagar)”.
En cambio analistas como Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señalan que es pura ineficiencia: pobre auditoría de los fiscalizadores.
“Hay problemas en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta y hay deficiencias importantes en el Impuesto al Valor Agregado. Me parece que la SAT no está ejerciendo un control adecuado, pese a que, en 2016, se fortaleció el mandato y tienen facultades reforzadas. Le ordenó a la SAT que publicara planes de fiscalización e indicadores de gestión”, comenta.
Según un informe elaborado por el Icefi, el índice de evasión del IVA aumentó entre 2013 y 2017: pasó del 29% al 37.7%.
“La evasión del IVA empieza a crecer en una escalada sin precedentes. Va uno a los mercados cantonales, a los grandes centros de comercio, a los de Coatepeque, a los jaripeos dominicales en Jutiapa. Esa no es una economía informal de subsistencia, allí se mueven cientos de millones de quetzales que no están pagando impuestos”, afirma Barrientos.
Miguel Gutiérrez, quien fue superintendente durante el gobierno de Otto Pérez Molina, discrepa sobre el carácter positivo de las reformas a la Ley de la SAT. Para él, son las causantes del agujero tributario.
Así lo afirma: “Le resta autonomía a la SAT y el ministro de Finanzas tiene un papel protagónico dentro de la administración tributaria. Y todavía no hemos tenido un ministro de Finanzas que sepa algo de tributación. Del 2015 al 2018 fiscalizar no ha sido la prioridad. Los auditores se dedican a sacar más devoluciones de crédito que a auditar, directriz del directorio del ministro de Finanzas. No saben cómo torear este toro”.
Gutiérrez plantea que la solución a las faltas a las metas fiscales podría estar en impulsar una nueva reforma a la ley que promueva más autonomía del superintendente.
“Una reforma para fortalecer la autonomía de la SAT, porque allí podrían fiscalizar. ¿Qué se va a hacer frente a un directorio que le dice que vaya a devolver crédito fiscal? ¿Con un directorio al que el superintendente le tiene que pedir permiso tres veces para contratar a un intendente?”, comenta.
Entre 2010 y 2018, la SAT superó su meta con mayor ventaja en 2011: logró el 104.8%. El jefe de la entidad fue Rudy Villeda, hoy acusado de permitir la evasión de impuestos.
El 2015 fue el que estuvo más lejos de cumplir su objetivo: solo recaudó un 92.3%. Hasta abril de ese año, el titular de la SAT fue Omar Franco. Luego de su acusación de pertenecer a la estructura de defraudación aduanera La Línea, en la cual también es acusado el presidente Otto Pérez Molina, la institución quedó bajo el mando de Elder Fuentes.
La administración de Pérez Molina, entre 2012 y 2015, fue la que menor recaudación tributaria logró durante los últimos tres gobiernos. Tres superintendentes lideraron la SAT: Miguel Gutiérrez, Carlos Muñoz y Omar Franco.
En 2018, Juan Solórzano Foppa, quien antecedió a Cruz, fue destituido por no alcanzar la meta de recaudación de 2017 por un 2.24% de diferencia.