El 27 de abril del 2021, Antonio Raúl Tocay Yuman, Jose Rogelio Chin Monroy, Jairo Cristián Urizar Calel y Ricardo Francisco Pérez Pérez, tendrán su audiencia de primera declaración acusados por los delitos de hurto y asesinato contra un joven de 18 años en enero del 2018.
No es el único caso en su contra pues, el grupo es acusado de robar a personas que retiraban dinero en bancos del área metropolitana. El caso llegó al abogado del Instituto de la Víctima, Erick Molina, en diciembre del 2020 cuando la madre de la víctima solicitó apoyo.
“En ese caso específico, ellos sí actuaron muy bien coordinados entre ellos. Se logró establecer que una de las personas partícipes en el hecho tuvo acceso a las cámaras del centro comercial donde ocurrió el hecho. Hay una persona que le da seguimiento en la agencia bancaria, otra en la calle y otras dos que son quienes lo abordan y cometen el robo. Al oponerse la víctima, le disparan.”
A los sindicados también se les acusa de robar y asesinar al ex magistrado y expresidente del Organismo Judicial (2013-2014) José Arturo Sierra González el 26 de enero del 2018; y a una química bióloga el 1 de octubre del 2017. El juicio por el homicidio a Sierra inició el mes pasado, el 22 de febrero del 2021.
Sumado a estos delitos, un agente fiscal de persecución contra estructuras criminales del Ministerio Público que prefiere omitir su nombre, asegura conocer unos 20 casos de hurto a cuentahabientes entre el 2015 y el 2018 en las zonas 4, 9 y 11. El fiscal describe a las víctimas:
“La mayoría eran personas que iban a sacar dinero, no tenían un perfil establecido. Lo que ellos querían era primero que no estuvieran acompañados y segundo que no fueran con guardaespaldas.”
Para Carmen Rosa de León, exintegrante del desaparecido Consejo Asesor en Seguridad, la rapidez con la que se responde a las denuncias y la coordinación entre fiscalías y casos son la clave para desmantelar a las estructuras criminales:
“El problema es con el volumen de casos, ¿cómo poder hacer una relación entre cada uno de los casos en un nivel más alto? Creo que la acumulación de casos y la falta de detalles relevantes hace que no se pueda hacer esa conexión o identificación de datos. El problema es que nosotros sí hemos identificado a través del análisis del sistema integrado de justicia, que si un caso no se atiende en los primeros 6 meses, es más difícil que ese caso pueda seguirse investigando. Es una pelea contra el tiempo en el caso del Ministerio Público.”
De León indicó que, según el Sistema Integrado de Justicia, la tendencia apunta a que si un caso no se resuelve en 3 años, este ya no lo trata el sistema y se transforma en mora.