El gobierno más acosado de todos los tiempos desde el inicio de la era democrática prefiere mantenerse callado. De labios sellados. Tres semanas después de la llegada al poder, la administración de Bernardo Arévalo, combatido por el Ministerio Público para escamotearle su triunfo electoral, hostigado por las Cortes que le regatean a sus diputados la posibilidad de ejercer a plenitud las funciones inherentes a su curul y sometido a un acoso de los antiguos integrantes de la alianza en torno a Alejandro Giammattei, se mantiene en estoico silencio. No habla de las metas que persigue. Tampoco habla de las dificultades añadidas que le ponen delante.
Hay un objetivo presumible del status quo en bloquear al partido Movimento Semilla para que no pueda volver a participar en unas elecciones y el gobierno de ese partido, con tantos recursos a su alcance, prefiere callar.
¿Acaso ha visto usted una sola iniciativa del gobierno que procure trasladarle de forma comprensible y persuasiva a la población la realidad a la cual se ve sometido? Nada. Ni una palabra. No habla sobre la batalla que tiene delante, ni sobre los objetivos que persigue más allá de esos obstáculos. Por no hablar, no habla de nada.
Hasta la bancada oficialista, que empezó con buen pie un esfuerzo de comunicación en el Congreso el día del inicio de la Legislatura y cosechó respaldo de sus seguidores ante las acciones audaces de esa jornada histórica, ha pasado a un mutis inexplicable. Apenas comunican cosas de manera inconexa y desordenada. Sin reparar en objetivos estratégicos. Es como si estuvieran abrumados o lo consideraran poco relevante.
Bernardo Arévalo habla cuando no queda más remedio porque los periodistas se lanzan a hacerle preguntas. Es decir, reacciona. En algún caso con fastidio. En otros, con esforzada paciencia.
El Presidente, asesorado por su entorno, ha decidido solo dar batalla en el plano legal contra sus enemigos políticos (la fiscal Consuelo Porras y quienes se parapetan detrás de ella para defender el régimen de impunidad para la corrupción). Y, en cambio, abandona el plano político. Cuando en realidad la batalla es política, recubierta de legalismos.
Es una decisión curiosa la suya porque, si bien la vía legal es ineludible en un Estado de Derecho, la Corte de Constitucionalidad (CC) y el sistema de justicia en general están en manos de ellos. Ya le han puesto de manifiesto que no le concederán una, ni una sola, de sus peticiones. El cerco en torno suyo se mantendrá inexpugnable por mucho tiempo. Puestos a ser previsores, quienes le hablan al oído al Presidente bien podrían ya irle explicando que ni siquiera con las nuevas comisiones de postulación a Fiscal General y la integración de la nueva Corte de Constitucionalidad le ofrecen garantía alguna. Los defensores de la impunidad para la corrupción procurarán a toda costa, como ya lo han hecho, mantener la cooptación de esas instancias.
Por eso llama la atención que el Presidente abdique en el plano de la comunicación política. Una cosa es evitar caer en tendencias populistas y otra es negarse por completo a tomar iniciativa para hablar con la ciudadanía. Si los ciudadanos no se enteran, excepto por la prensa con sus limitados alcances, de cómo persigue sus objetivos, del acoso en contra del gobierno, de la batalla establecida por tratar de sacar adelante el proyecto político más votado en las urnas, todo esfuerzo será en vano.
El gobierno de Arévalo tendrá pocas oportunidades de ofrecer eficacia real a la ciudadanía que confió en el partido Semilla. Y más temprano de lo que cualquiera supone vendrá la frustración.
Además, de no organizarse para hacerlo efectivamente, la urgencia de apagar fuegos consumirá toda la energía del gobierno.
En cambio, si el Presidente y su administración en general exponen los obstáculos que se montan en el camino, el saboteo de los diputados pro Giammatei y magistrados constitucionales en contra de la alianza en el Legislativo para impedirle realizar cualquier cosa, podría aspirar a mantener parte del respaldo popular.
De otro modo, la batalla está perdida.