Los empresarios de buses escolares, turismo y transporte de trabajadores están agobiados y tocan a las puertas de la Corte de Constitucionalidad para reclamar que las municipalidades los ahogan con una doble tributación al cobrarles un “pago de rodaje”.

 ¿En qué consiste?

Marco Antonio Arias, integrante de la Asociación de Transportistas de Turismo, Escolar, Industrial y Agrícola Autorizados de Guatemala (Atteiag), una de tres asociaciones que plantearon la inconstitucionalidad, explica que sus unidades deben pagar un registro en cada municipalidad para poder transitar en esa jurisdicción:

“La municipalidad de Guatemala inició con el registro de buses: turismo, escolar, transporte de personal y agrícola. Las otras municipalidades al ver que en la capital estaban cobrando un “rodaje” iniciaron: primero, la municipalidad de Mixco, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Fraijanes, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Villa Canales. En Mixco lo que se cobra son Q1 mil 50 y en la capital Q300, Santa Catarina Pinula Q1 mil y, si nosotros en una de las rutas transitamos por la capital, Santa Catarina Pinula, Fraijanes y San José Pinula y tendríamos que pagar rodaje en todas esas comunas”.

Ana Hernández, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Transporte Privado (Anatrap):

 “Si no nos mató la pandemia, las municipalidades sí se encargaron de ir acabando con los pequeños empresarios que tenemos 1, 2 o 3 buses.

Regularmente los buses escolares recorren de 3 a 5 municipios, y eso significa que deben pagar un “rodaje” de unos Q3 mil de lo contrario se exponen a multas de miles de quetzales cuenta Arias:

 “La multa de la municipalidad de Guatemala era de Q10 mil y ahora la bajaron a Q5 mil.  hemos tenido que endeudarnos y pagar con tarjeta de crédito”.

Anatrap, que cuenta con unos 150 asociados propietarios de unos 1 mil autobuses, realizó recientemente una encuesta que incluyó la pregunta ¿se le han impuesto multas administrativas de Q10 mil? y los resultados fueron:

• 60% respondió que sí
• 32% no
• 7% no respondió

La empresaria señala que tiene casos que lamentar:

Tenemos un asociado que nos dijo “que se quede el bus ahí porque lo que me han acumulado en multas y lo que cobra el predio diario, es más lo que mi bus cuesta”.

Este reporteo consultó las oficinas de comunicación de la Capital y respondieron que el tema está en discusión y que no podían atender una entrevista. Villa Nueva y San Miguel Petapa no respondieron. En Mixco, la respuesta de Roger Escalante, gerente de la Empresa Municipal fue que “debe haber un registro para que a la hora de que haya un accidente se tengan datos del responsable”.

En este municipio el pago por el registro de los autobuses es de Q1 mil 50; la municipalidad de San Miguel Petapa, Q300, municipalidad de la capital Q300 entre otras.

Eduardo Morales, director de la Policía Municipal de Santa Catarina Pinula, niega que haya un cobro doble:  en el Código Municipal faculta a la municipalidad para regular el trasporte de pasajeros y carga.

Lo que nosotros verificamos es que se cumpla con las medidas de prevención y que las personas sean idóneas, como la carencia de delitos sexuales, porque andan transportando niños. Si en nuestra jurisdicción pasa un bus que viene de la ciudad de Guatemala y pasa a una aldea de nosotros y solo tiene que informarnos que están registrados en la capital, si ya está registrado en otra municipalidad, no les pedimos que se registren con nosotros.

Las municipalidades aplican un registro de los vehículos y esto contempla pagos asociados. Los empresarios del transporte han tenido acercamientos en la capital con autoridades la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra) a quienes han hecho una propuesta:

Arias:  “Por ejemplo: Si nosotros tenemos nuestra sede de la empresa en Mixco, nos inscribimos ahí y que ese permiso sirva para circular en otros municipios”. Imagínese que los 340 municipios nos pidan registrarnos.

Hernández:  “ …y que eso tenga validez  en toda el área metropolitana, que los alcaldes sean un poco más conscientes, porque se ha vuelto como una forma de lucrar.

Las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud, obligan a los transportistas de buses escolares a reducir su aforo al 50% y eso, según los empresarios mina su actividad.