El fantasma de CACIF, la convergencia que aglutina al sector privado organizado, persigue al gobierno Bernardo Arévalo y Karin Herrera como un anatema.

La sola vinculación del CACIF con dos integrantes del gabinete de Gobierno generó controversia. Al punto que una de ellas, Anayté Guardado, propuesta para dirigir el ministerio de Energía y Minas, renunció al puesto 48 horas después de su presentación pública y de un torrente de cuestionamientos sobre su relación con la industria energética.

El reproche es la incoherencia: por un lado, recuerdan que Arévalo junto con la  bancada SEMILLA propusieron en 2022 expulsar a este grupo de unas 50 Juntas Directivas en instituciones públicas y autónomas donde tienen participación para definir políticas estatales. El partido, a través de sus líderes más relevantes, ha desafiado y criticado abiertamente a ese sector organizado. Samuel Pérez, diputado:

“CACIF es financiado con impuestos y retorciendo la ley tienen presencia en más de 50 Juntas Directivas del Estado, donde cobran dietas pagadas por el Estado. Están metidos en todos lados: Junta Monetaria, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Crédito Hipotecario Nacional (CHN), Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), entro otro montón; esto no solo les da poder político, porque mientras los funcionarios duran 4 años, ellos siguen permanentemente ahí…”

Arévalo, aunque moderado, ha hablado de cambios necesarios en torno a CACIF. En entrevista con el creador de contenido digital Siempre Incomodo, el propio Arévalo dijo en mayo del año pasado:

“Mientras el CACIF quiera trabajar con las nuevas reglas del juego no va haber problema; pero recordemos que este grupo ya no es la única instancia que representa empresarios”.

Este reportero llamó a Ignacio Lejárraga, presidente del CACIF, pero dijo que previo a la toma de posesión de los funcionarios no emitirá opinión. Tampoco quiso referirse a las críticas al comité empresarial que dirige. La palabra empresarios genera desconfianza, la encuesta de mayo 2023 de Prensa Libre reveló que la figura empresarial se encuentra entre las instituciones con menos confianza con 22 puntos: la mala percepción cae sin reponerse desde hace una década.

Al consultar a Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, sobre CACIF señala:

«Es una institución que tiene que pelear mucho su percepción ciudadana y eso sin duda no le es favorable”.

Además agrega:

“A mí en lo personal no me parece que CACIF esté en el gabinete, lo que sucede es que cuando hay profesionales calificados como algunas ministras tienen, ¿dónde van a trabajar? ¿En el sector público o privado?, los niveles de remuneración que tienen los profesionales en el gobierno no son los deseables; entonces si yo pongo mis conocimientos en un proyecto no debe ser razón para que me califiquen que yo pertenezco al CACIF. Démosles el voto de confianza de que uno mientras trabaja en una institución es leal y tienen que ser consecuentes con el gobierno y se hablado mucho de que haya ética y principios.

Los réditos reputacionales de CACIF cayeron más desde 2016 cuando empresarios que representan los capitales más fuertes del país, fueron acusados de financiar ocultamente la campaña del presidente Jimmy Morales. Los señalados fueron absueltos a raíz de una modificación al tipo penal del que fueron acusados.

María Fernanda Rivera, empresaria de cacao interpreta el rechazo a ciertos grupos empresariales así:

“Cuesta que las personas y las instituciones hagan cambios sustantivos, que van de la mano con lo nuevo. Y es cierto, el sector empresarial ha estado acostumbrado a ciertas formas y se necesita que se modernice y sea más inclusivo y eso genera incertidumbre para quienes han estado muy cómodos.

No obstante, ve una oportunidad para el sector en la coyuntura actual: Incluso de hacer mejores negocios, porque sin ese problema de la corrupción.