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Es época decembrina y falta un año y medio para las elecciones generales de 2027, pero algunos políticos andan muy activos previo a la navidad; salieron de las redes sociales a los territorios.
Dirán que es proselitismo, pero están en campaña. Los videos muestran a Sandra Torres, secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), llegando en helicóptero a Livingston, Izabal; de inmediato la recibe, al ritmo de tambores, un grupo de garífunas y ella intenta bailar punta.
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Armando Castillo, secretario de VIVA y cuarto lugar en las presidenciales de 2023, invita a helados a los vecinos junto con Alfonso García, alcalde de Coatepeque, Quetzaltenango.
—Armando, bienvenido. ¡Que Dios te bendiga, hermano!
—Gracias, mi alcalde. Aquí nos paramos a comer un helado y vinieron nuestros niños a pedir un helado. ¿Están felices, niños? (Sí).
Roberto Arzú, con el chaleco de CABAL puesto, apareció delante de una multitud en Chichicastenango, Quiché, en una “jornada de formación, capacitación y afiliación”.
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Y lejos de Guatemala, pero no de las redes sociales, Carlos Pineda hizo un video desde España: “Guatemala tuvo su ferrocarril y lo perdió. Estoy desde Atocha, Madrid. En definitiva, el ferrocarril es el desarrollo de cualquier país”.
La Ley Electoral establece tres meses para la campaña electoral. En 90 días los políticos deben recorrer el país, promocionar su plan de gobierno y persuadir al ciudadano de darles su voto.
¿Es suficiente ese tiempo? ¿Y están en capacidad todos los grupos políticos?
“Absolutamente no. Ahora, la primera vez que participé con la UNE, sí: era el partido mejor organizado, tenía dinero; el Partido Patriota también estaba organizado y tenía dinero”. Quien habla es Rafael Espada, exvicepresidente del país por la UNE entre 2008 y 2012 y candidato a la presidencia en 2023 por el Partido Republicano.
No obstante, añade: “ Aquí, el más bonito o el que mejor hable es el que se lleva las palmas en círculos de influencia y poder. Se aprovechan de la gente sabiendo que pueden mentir, manipular y ganar solo con una campaña corta, larga o mediana, porque la gente no está acostumbrada a informarse y eso es parte de la mala educación de Guatemala, y nuestro sistema político está peor”.
Según la ley, propaganda electoral es difundir programas de gobierno, captar, estimular o persuadir a los electores. Mientras que el proselitismo consiste en promover análisis de los problemas nacionales; dar a conocer nombre, emblema y llamado a adherirse o afiliarse; y promover la posición política del grupo.
Marlon Barahona, magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), afirma:
“Es muy corto el plazo en el que se puede compartir un plan de gobierno, pero todas las personas que proyectan con esa intención deberían darse a conocer de otra forma: su ideología, sus intenciones de país, y esta es una materia pendiente de los partidos porque siempre aparecen para los eventos electorales”.
Las semanas anteriores, Sandra Torres también visitó Chiquimulilla y se encontró con una pareja de ancianos:
Torres: “Me invitaron a venir a su casa y es lamentable cómo hay tanta necesidad y pobreza”.
Anciano: “No hemos tenido ningún apoyo; lo del adulto mayor lo hemos recibido por la UNE”.
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Barahona agrega: “Eventualmente hay algunas personas que sí hacen críticas pretendiendo ser oposición política, pero eso no necesariamente corresponde a una intención de manifestar un pensamiento político o proponer mejores formas de gobierno”.
Los que se promocionan ahora llevan ventaja. En el período electoral la ley establece tiempos, distribución de espacios publicitarios y techos económicos de campaña. Pero ¿quién controla lo gastado previo al proceso electoral? Por ejemplo, esas salidas en helicóptero a Livingston. El magistrado responde:
“No se registra porque no se trata de campaña electoral; son otro tipo de actividades privadas y propias de las organizaciones. Ahí sí hay un espacio de duda que eventualmente se puede despejar cruzando datos”.
Aunque el magistrado electoral considera breve el tiempo de campaña, también cree que extenderlo “amplía el riesgo de problemas: que las organizaciones incurran en más gasto y que los partidos más grandes amplíen su ventaja política sobre otros”.