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El derecho de vía es uno de los factores que retrasa en la construcción de obra pública y privada en Guatemala. El país carece de regulación actualizada que resuelva el problema: las autoridades se basan en un reglamento redactado hace 83 años que, si bien incluye la expropiación, es el último recurso empleado y no garantiza agilidad
Delfino Mendoza, quien fue coordinador de planificación de la Dirección General de CAMINOS durante 17 años: “ En algunos párrafos habla todavía de carruajes de transporte por bestias. Quizá lo importante es que define las franjas de derecho de vía de acuerdo a la categoría de la carretera.”
En efecto, para carreteras nacionales estableció 25 metros (12.50 de cada lado); carreteras departamentales, 20 metros; carreteras municipales, 15 metros; y caminos de herradura y vecinales, 6 metros.
Mendoza:
“En muchos, por no decir en todos, los pasos por centros poblados no están liberados los 20 metros, en el caso de una carretera departamental; y, donde hay cultivos, también es complicado porque cuando las personas saben que es del Estado, elevan los precios. Y para pagar hay que hacerlo de acuerdo a dictamen del DICABI (Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles) y en una carrera de 20 kilómetros la cantidad de propietarios es importante y cuesta mucho ponerse de acuerdo”.
Durante su gestión en CAMINOS, Mendoza inició una expropiación, del cual debieron desistir. Fue cuando se amplió la ruta nacional 14, que sale de El Tejar, Chimaltenango, pasa por La Antigua y sale en la autopista. Ahí, por una propiedad de 2 kilómetros, nos tardamos 8 años con el proyecto detenido.
Los 30 kilómetros de Xochi, la carretera privada que se construye en Suchitepéquez, debían concluirse este año, pero se retrasó y uno causa fue el derecho de vía. En 2022 ConCriterio entrevistó a Eduardo Aguirre, entonces encargado de estructuración del Fondo BPS, inversores del proyecto:
“Son unas 49 propiedades y no compramos todas. Les dijimos: estamos comprando para la construcción de carretera y otra opción fue participar como socios aportando la tierra; de los 49 terrenos, 20 no vendieron y son nuevos socios: se beneficiarán de la infraestructura y lo que genere”.
Xochi: una carretera privada, por favor, porque el camino público no hay modo que llegue
Luis Pedro Batres, gerente de IDC, empresa que construye Xochi:
“lo que nos ayudó fue buscar acuerdos ganar-ganar con la tierra y cuando se encuentran los puntos donde hay valor para ambos lados, es más factible concretar la compraventa. En algunos casos, ayudó que los propietarios consideraran el valor que una carretera le genera a su terreno. Y cuando esto no sucede, el desarrollador se debe seguir planteando opciones para concretar”.
Francisco Basterrechea, exviceministro de comunicaciones durante la gestión de Álvaro Arzú: “ Eso es gestión y convencimiento. El ministro, los alcaldes o los diputados lo pueden hacer porque a todos los interesa. Nosotros hicimos muchas carreteras y cuando había algún problema llamábamos al alcalde y él los ponía en su lugar”.
El exdirector de CAMINOS, en tanto señala otra deficiencia: Es una cantidad mínima registrada de derecho de vía a favor del Estado. Imagínese una carretera de Guatemala a La Mesilla: la cantidad de predios que deberían estar registrada y no se tienen; entonces se inician procesos legales y ahí inicia la demora.
La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, declara proyectos de interés público y esto puede hacerlos avanzar, de lo contrario la apuesta es por una regulación específica y actualizada sobre derecho de vía.