Hay una batalla de baja intensidad que la telefónica Tigo libra en el curso de una investigación que nació a raíz del caso Construcción y Corrupción, a partir de las declaraciones del empresario Julio Carlos Porras Zadik, exgerente de Telgua en Guatemala, condenado a tres años conmutables de cárcel por financiamiento electoral ilícito.

Las palabras de Porras Zadik salpicaron en junio 2017 al principal competidor de Telgua, la empresa de telefonía Tigo, además de tocar al gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). En noviembre del mismo año, solo meses después de la confesión de dicho empresario, las oficinas y residencias de directivos de Tigo fueron allanadas: incluida la oficina privada del magnate Mario López, presidente de la corporación, además de la casas de Ascisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía, y Luis Valladares, CEO de la compañía.

Ministro de Economía, Ascisclo Valladares Urruela.

El caso, que está bajo reserva, ha dado sus giros en medio del silencio.

En febrero de este año la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones acogió un reclamo de los representantes de Tigo para retirar a la jueza Silvia Coralia Morales, del control de las investigaciones. Como consecuencia, el expediente pasa ahora a manos del Juez Décimo, Víctor Cruz, el juzgador inmerso en controversia después de que, sin que fuese solicitado por el Ministerio Público (MP), emitió una orden de captura contra Thelma Aldana, exfiscal General de la Nación.

La fiscalía ya reaccionó con una apelación contra ese cambio de juzgador.

No es la única batalla de la defensa: la corporación telefónica intenta separar del proceso a Juan Francisco Sandoval, el Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Solicitud que fue enviada al despacho de la Fiscal General y ayer Sandoval recibió la respuesta  de que la jefa del MP rechazó la petición de Tigo:

No puedo pronunciarme ampliamente al respecto porque la investigación está en reserva. Lo único que puedo indicar es que he sido notificado de una resolución de la Fiscal General que establece que el caso debe continuarse en la fiscalía a mi cargo.

Dos años de la declaracion de Porras Zadik

En junio próximo se cumplirán dos años desde que se escuchó en los tribunales una declaración que involucró  al gobierno del expresidente Álvaro Colom y las empresas de telefonía celular Tigo y Telgua. Todo se inició por un litigio de tarifas entre ambas empresas. Según Porras Zadik las instituciones del gobierno de la UNE favorecían a Tigo con resoluciones que los perjudicaban:

Yo trato de buscar al Superintendente, al Ministro, incluso al presidente Álvaro Colom y a su secretario privado Gustavo Alejos, para hacerles ver las anomalías cometidas. Me acompaña el exembajador de México en Guatemala, Eduardo Ibarrola, y en todas las reuniones se simula la intención de ayudarnos, pero no se solventa nada. Finalmente esto no se resuelve y pasa del ámbito administrativo al judicial que supongo que era lo que se quiso. Nosotros pusimos una serie de recursos y todos lo perdimos.

Sandra Torres, expresidente Álvaro Colom y Gustavo Alejos. Foto: Nómada.

Telgua, al ver perjudicado su mercado y en plena época electoral en 2011, decidió financiar la campaña de Otto Pérez Molina, quién ganó la primera vuelta electoral. En ese momento los directivos de Tigo decidieron poner fin a un litigio por US$400 millones con Telgua, pero según confesiones de Porras Zadik, sus rivales comerciales también apostaron al mismo candidato:

El solo hecho de que Mario López supiera de que Telgua estaba cercano al poder, lo hizo sentarse a negociar y firmar un acuerdo de finiquito. Una semana después son las elecciones y gana Otto Pérez, pero no en primera vuelta, así que pasó a segunda vuelta. Para la segunda vuelta, Ligorría me vuelve a contactar y me dice: “esto fue muy fácil, hay que concluir el apoyo porque ya no habría que dar si se hubiera ganado –en primera vuelta-, me repite que Tigo volvió a dar y está adelante que nosotros y me pide otro millón de dólares.

Cambio de judicatura en suspenso

Aunque el control jurisdiccional del caso pasó al jugado de Víctor Cruz, por la apelación del Ministerio Público (MP) el caso aún no sale del Juzgado Noveno. Esta fue la respuesta de una secretaria de esa judicatura a ConCriterio:

Es una querella en la que se adjudicó control jurisdiccional en 2018 y desde esa fecha no ha tenido nada.

– ¿Pero el Juzgado Noveno todavía tiene el caso? Sí, está aquí, se remitieron las actuaciones al MP para que iniciara investigación, pero no ha tenido movimiento.

En enero del año pasado los abogados de Tigo accionaron por los allanamientos realizados por los investigadores en propiedades de sus directivos y la compañía. La Corte de Apelaciones resolvió que esas diligencias fueron legales.