La Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso el acuerdo para la construcción de 866 kilómetros de tendido eléctrico del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica (PET) y el Plan de Electrificación Rural.

El acuerdo 145-2013 fue aprobado durante el gobierno del expresidente Otto Pérez y  firmado por el Consejo de Ministros como urgencia nacional. En su fallo la máxima corte expone que dicho  documento es inconstitucional, entre otras cosas porque “el Presidente de la República no tiene competencia para tomar ese tipo de declaraciones respecto a la electrificación del país”, como consecuencia  el mismo dejó de surtir efecto.

El  acuerdo por Q270.5 millones planteaba  la construcción de 12 subestaciones nuevas y la ampliación de otras 12 subestaciones. A la fecha se ha  construido el 73 por ciento de lo establecido en el plan.

Amilcar  Pop, diputado de Winaq, una de las organizaciones políticas que denunció el acuerdo recordó los puntos que motivaron la acción legal:

• Se decretó de urgencia nacional, una decisión que es competencia exclusiva del Congreso. Nadie puede decretar algo de urgencia nacional, eso es usurpación de funciones.

• Se violentó el principio de autonomía municipal ya que emite órdenes conforme al plan de Trecsa.

• Además, impone la obligación de acatar el proyecto por encima de los derechos constitucionales de la propiedad privada.

• Y también, no se respetó el derecho de consulta de los pueblos indígenas como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), amparado artículo el 146 la constitución.

Pop cree que el fallo no daña la certeza jurídica empresarial, según él, todo lo contrario:

Toda corrección constitucional fortalece la certeza jurídica, lo que se debe perseguir es que se respete el derecho constitucional y que cualquier empresa cumpla con los requisitos de ley.

Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos, dijo que comparte la resolución constitucional ya que un mandatario no está facultado para emitir acuerdos de urgencia nacional.

“Lo que se tiene que criticar es esa mala asesoría jurídica que tienen  los mandatarios y que no tengan la capacidad de emitir resoluciones apegadas a la constitución”

El acuerdo fue firmado en 2013 durante el gobierno del Partido Patriota;  5 años más tarde es suspendido por la CC. Para Rodas, lo fundamental es la orden constitucional, independientemente de los tiempos:

Hay mucha mora judicial en toda la administración de justicia, pero no por eso deja de tener sustento legal la resolución.

El proyecto abarca, según su plan, 15 departamentos, 74 municipios y 340 comunidades del país.