La sentencia de 175 años de cárcel a Julio César Macías López, alias, César Montes, excomandante guerrillero acusado de ordenar el asesinato de tres militares en la aldea Semuy II, El Estor, Izabal en 2019, no solo trajo a la luz su pasado como paramilitar de tropas rebeldes durante los 36 años de guerra interna, sino que también evidenció sobre la mesa su perfil en la posguerra: alianzas con empresas extractivas de Guatemala, con las que trabajaba para proveerlas de estrategias, usadas durante la guerra, para reducir a la población en territorios donde operan; aparte de repetidas acusaciones de ocupar fincas privadas.
Guadalupe García, directora del Observatorio Industrias Extractiva (OIE), dijo en entrevista con ConCriterio que Montes organizaba los planes para infundir terror en los pobladores de las comunidades para que desalojaran sus terrenos así la mina podía ampliar sus operaciones de explotación. Una de estos lugares fue Las Nubes, en El Estor, Izabal, donde recientemente documentos filtrados de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), explotadora de níquel en la zona, revelaron cómo la empresa planeó contratar pandilleros para intimidar a los vecinos, en el pasado las estrategias eran: sobrevuelos bajos en la región, desestabilizar el empleo y los alimentos, estas líneas eran las planeadas Montes y ejecutadas por CGN, según la directora de OIE.
“Nosotros a César Montes lo empezamos a ubicar en el caso del Lote 8, en el 2007, cuando se desalojó forzadamente a las comunidades, él estuvo como operador del a CGN. Desde 2006 estuvo en la planificación de desalojos de las comunidades de influencia de CGN. A partir de 2018, el caso -del Lote 8- se dio a conocer porque durante ese desalojo hubo violaciones colectivas a las mujeres de estas comunidades. En 2018 se presenta el expediente ante la Corte Superior de Justicia en Ontario, Canadá, en donde con más de 5 mil documentos se evidencia cómo la empresa minera estuvo en coordinación con César Montes. Él aportó instrucciones a la CGN para hacer sobrevuelos bajos y en las comunidades para hacer presión psicología en las aldeas.
Agentes de la PNC custodian vehículos de CGN, en el Estor, Alta Verapaz.
Según la entrevistada, Montes fue contratado por las empresas extractivas para que implementaran, para su beneficio, las estrategias aprendidas durante el conflicto armado interno en el país:
Considero que hay que ver como estas estrategias como la herencia de la guerra, que se siguen reproduciendo para desalojar a las comunidades por intereses extractivos de: palama, azúcar y minería.
La directora del OIE señala que entre los documentos filtrados hace más de 10 años, se pudo demostrar cómo Montes, mantenía comunicaciones con altos directivos de la empresa extractiva:
“La evidencia lo vincula con el vicepresidente de operaciones la compañía y el consultor de seguridad. César Montes les proveía las estrategias para intimidar a los pobladores, y utilizaban estos mecanismos porque sabían que había un trauma de la guerra en esas comunidades”.
Los recientes documentos filtrados a The Store Project, un proyecto de periodismo investigativo, revelan que CGN utilizó las mismas tácticas, diseñadas por militares de baja. En estos se describen planes de control de las comunidades, como contratar pandilleros para provocar desalojos.
La entrevistada concluye que: César Montes, fue operador de la industria extractiva.
En 2020, el Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Industriales y Financieras (CACIF) felicitó al ministerio de Gobernación por la captura y dijo que era “un importante hito para gobernabilidad” además instó a “erradicar a grupos a paralelos que con armamento llevan a cabo invasiones a la propiedad privada”. En esa ocasión también se pronunció la Cámara de la Industria, reforzando el respeto al a propiedad privada.
Vidal Ixcoy Vásquez, abogado de Montes, dijo a ConCriterio que la sentencia de su patrocinado es infundada y que el Ministerio Público (MP) no demostró que Montes, hubiese ordenado el crimen de los tres soldados:
“Se demostró ante el tribunal de forma técnica y científica que el MP señala que el señor César Montes se comunicó con una persona de la comunidad y luego en etapa intermedia dijo que él se comunicó por medio de una tercera persona; pero nunca se definió en el debate. No evidenciaron que la llamada fue directa y como defensa pudimos demostrar científicamente con las llamadas que él realizó que no fueron con personas que estuvieran en la comunidad”.
El abogado, además, justificó:
La condena de nuestro patrocinado fue por mayoría, no por unanimidad. El presidente del Tribunal razonó su voto, él sí fue objetivo, no condenó Montes y cuando tengamos la sentencia en mano podremos conocer la objetividad.
Según el defensor, con esta sentencia “queda demostrado que es una persecución política”, porque se demostró que el no hizo ninguna llamada.
Ocho personas más fueron condenadas, entre estas tres mujeres, a entre 75 y 173 años de prisión.