El miércoles emitió Consuelo Porras un prolongado gruñido (17 eternos minutos) al presidente Bernardo Arévalo.

El jueves el Presidente rodeado de sus ministros mostró el colmillo derecho a la Fiscal y por respuesta, el Ministerio Público gruñó aún más fuerte al cabo de esa misma tarde.

Seguro la Fiscal General percibió que esta nueva muestra de hostilidad había sido insuficiente porque el viernes por la mañana lanzó una especie de tarascada al aire en señal de encono.

Pero digámonos la verdad. Los gestos del Ejecutivo y las pataletas del Ministerio Público se van a estrellar en el muro de un sistema legal cooptado que seguirá defendiendo la gestión de Consuelo Porras pero sin perder las formalidades falsamente democráticas para ordenar la salida de Bernardo Arévalo del Palacio.

Empate a cero porque doña Consuelo no ha logrado otra cosa más que facilitarles impunidad a todos los corruptos llevados a tribunales y entorcepecer las labores de gobierno y asustar a algunos funcionarios pero no ha conseguido devolverle el control del Presupuesto a quienes antes lo tenían. Y eso, a menos que expulse a Arévalo del poder no lo logrará. El tiempo corre en su contra.

Bernardo por su parte seguirá en esta ruta de patriótico desgaste, frustrando a quienes lo eligieron por cohabitar hostilmente en lugar de castigar a los protagonistas de la corrupción del pasado, sin causarles más daño que el estrés por abstención.

Eso es lo que prefiere el Presidente, en espera que llegue el mes de mayo de 2026, rogando a Dios que él siga todavía en el puesto y le permitan designar a alguien distinto a Consuelo Porras como nuevo Fiscal. Distinto en más de un sentido.

Pero si él quisiera, tendría dos opciones más efectivas que esta seguidilla inútil de acciones legales y sin embargo prefiere no recurrir a una ni a la otra.

La primera consistiría en identificar uno por uno a los diputados al Congreso, su perfil, sus intereses, su entorno, sus debilidades y sus fortalezas y a partir de ahí, dirigir una operación de persuasión a 80 de ellos para lograr los cambios de ley indispensables. Claro, tendría que definir a un equipo de grandes operadores para sentar las bases de negociación legítima, no corrupta, con cada uno de ellos. Y tendría que dejar por un lado de una vez por todas ese infantil desprecio suyo hacia su propia bancada en el Congreso, definir entre Jose Carlos Sanabria o Samuel Pérez quien llevará la voz cantante y organizar en el Ejecutivo un equipo que haga operativos los acuerdos en cuestión de días.

La Ley de  Criminalidad Organizada será seguramente más fácil de modificar y con eso rescatará a su bancada primero y a su partido después. La ley orgánica del Ministerio Público, en cambio, supondrá un esfuerzo mucho mayor porque buena parte de los diputados encuentran en la Fiscal General un resguardo a sus viejos delitos. Y el equipo de doña Consuelo sabrá amenazarlos uno por uno para impedir que acuerden con el Presidente. Para todo esto habrá que estar preparado.

Ya se le va haciendo tarde a Bernardo Arévalo, pero la discusión en torno al Presupuesto 2025 ofrece una ventana de oportunidad. Quizá la última.

La otra opción que tiene el Presidente, aunque inconcebible para él, es la de, Constitución en mano, destituir a Consuelo Porras, nombrar a un nuevo Fiscal y arrancar otra era en el panorama político del país. Seguir jurando lealtad a una institucionalidad ilegítima resulta todo lo contrario de ser democrático. Formalista es, democrático no.

La población le aplaudiría. El Ejército le sería leal. Y los díscolos magistrados de la Corte de Constitucionalidad requerirían de poco tiempo para percatarse de la necesidad de ser más prudentes que porfiados.

Pero el Presidente prefiere la guerra de papelitos que no son otra cosa que gruñidos y ladridos sublimados antes que el ejercicio de la política y el uso del poder democrático encomendado por los votantes en sus manos.