Un grupo de unas 15 personas celebraron con cohetes y redoblantes el vencimiento del plazo que el gobierno del presidente Jimmy Morales fijó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para finalizar sus acciones y abandonar el país.
A lo lejos se escuchaba vociferar a Otto Rottman, director de Vea Canal:
“La Cicig solo fue la fachada de una estructura más que vino a cooptar las instituciones y a generar pobreza y división entre los guatemaltecos”.
Más temprano, una de las primeras acciones del organismo internacional fue retirar a sus abogados de las audiencias en los casos donde CICIG participa como querellante. La decisión se tomó a raiz de la publicación en el Diario Oficial del acuerdo mediante el cual el Ejecutivo decidió el fin del convenio entre Naciones Unidas y Guatemala.
Matías Ponce, vocero del CICIG, informó que se implementó un plan de contingencia de seguridad para su personal y el material del organismo. También de la sede de la misión salieron al menos 8 vehículos con muebles de oficina.
Mientras entraban y salían vehículos de la residencia que ocupaba el organismo, la presencia policial fue mínima. Y el lugar quedó prácticamente deshabitado al filo de las tres de la tarde cuando se cumplió el plazo del Gobierno.
Varios notificadores llegaron al organismo para entregar documentos legales pero la respuesta de los agentes de seguridad fue esta:
“Nos encontramos solo personal de seguridad, por la persona que usted pregunta no está aquí”.
A las 15:30 horas, una jueza quien optó por no identificarse, llegó al edificio con el fin de realizar una exhibición: “Yo busco a la abogada de la Comisión, Thelma Shayne Ochaeta”. En tanto, los opositores al ente internacional así recibieron a la togada:
¡Fuera, fuera! ¡Comunistas fuera! … somos del juzgado de exhibiciones personales, yo soy la jueza. Así se presentaba la jueza ante los agentes policiales. Y los insultos seguían ¡fuera, fuera! Guatemala es libre soberana e independiente, ¡fuera!
Se está desmantelando a la CICIG
Gabriel Wer, integrante de movimiento JusticiaYa, cree que la actual coyuntura es difícil de entender y a eso atribuye la falta de reacción de algunos ciudadanos. La desinformación en las redes sociales, dice, es otro factor que confunde a la ciudadanía, lo cual no permite la indignación colectiva como ocurrió en 2015.