Anular los acuerdos con tres colaboradores eficaces en el caso Odebrecht es un golpe contra quienes, bajo convenios de cooperación, compartieron información a la entonces Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para develar casos de corrupción de alto impacto e involucrar  a funcionarios y empresarios. 

En el caso Odebrecht,  la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló los acuerdos con tres colaboradores de origen brasieño. Según el  jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, eran ilegales. 

«En el mandato que se otorgó al representante legal de la entidad constructora Odebrecht, se establece que por ningún motivo dicho mandato judicial podrá tener vigencia en la República de Guatemala. Sin embargo, a todas luces eso no se observó, ni se respetó y aun así se aprobó el acuerdo de colaboración eficaz. El exfiscal, Juan Francisco Sandoval no tenía competencia para ejercer la persecución penal en Brasil. Sin embargo, obvió dicha situación y suscribió los acuerdos de colaboración en la empresa donde estaban los señalados».

Un episodio similar ocurrió la última semana en el caso de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien bajo el convenio con la Cicig, devolvió dos Villas en Antigua Guatemala y una casa de playa en Monterrico. Ahora será la fiscal general, Consuelo Porras quien decidirá si podrá mantener las garantías de colaboración eficaz, a pesar de haber proporcionado información en siete casos. 

Como parte del convenio, el 23 de junio Monzón iniciaría un proceso abreviado en el que aceptaría los cargos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera, cohecho pasivo, lavado de dinero y abuso de autoridad con el beneficio de la anulación de la pena y de no ser enviado a prisión. Su abogado Alexis Calderón, dice que el MP no cumplió su obligación.

«Se estableció una obligación del MP para que se gestione el procedimiento abreviado y no se de apertura a juicio. El señor Juan Carlos Monzón ha cumplido con lo que se le pidió en su momento y sorprende que en la audiencia se presentaran acusaciones de apertura a juicio, cuando el trámite correcto es que se debe gestionar un procedimiento abreviado».

Monzón permanece en el extranjero como parte del convenio. Si el MP decide anularlo, podría incluso ordenarse su captura y su relato no tendría validez en los casos: TCQ, La Coperacha, Aceros de Guatemala, Bufete de la Impunidad, Plazas RIC, los cuales se encuentran en etapa intermedia.

En relación a si la revocatoria de los acuerdos para Monzón tendría beneficios para los acusados en el caso La Línea, César Calderón, abogado de Otto Pérez Molina respondió.

«Si Monzón pierde la figura de colaborador eficaz, lo más seguro es que esas declaraciones ya no tendrán valor. Aunque recordemos que los casos no solo son un testigo, no son una prueba, el caso tiene muchas cosas. Los jueces condenan o absuelven dependiendo de la pruebas que tengan. Tendrían que ver si todas las demás pruebas son buenas o dependían solo de Monzón».

En el caso del exdiputado del Partido Patriota, Édgar Cristiani, mediante un acuerdo con el MP, se le revocaron las garantías en el caso Plazas Fantasmas en el Congreso. Su abogado Abraham Girón dice que Cristiani “así lo prefirió” sin dar detalles, por lo que el 14 de julio habrá una audiencia en la que se decidirá si enfrentará juicio por otorgar plazas a particulares en el legislativo, quienes cobraron salarios pero no llegaron a trabajar.

El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, dice que todo esto, solo es un afán del MP para botar los casos de corrupción.

«El MP no tiene más que analizar, cuando los acuerdos de colaboración fueron presentados ante el órgano jurisdiccional, el MP debió verificar que se cumplieran con todos los requisitos legales. Esto significa que no habrá casos juzgados y todos aquellos en los que ya existe condena, van ser revisados por la fiscalía».

Sandoval dice que no se puede predecir que tanto se van a debilitar los casos si se anulan los testimonios de los colaboradores porque en cada caso se proporcionó diferente información, tampoco descarta que procuren el mismo trato a otros delatores: Salvador Gonzáles, alias Eco, por ejemplo, para anular su declaración en el caso La Línea.