Todo se inició el 18 de noviembre de 2017, cuando sorpresivamente autoridades del Sistema Penitenciario requisaron el sector 11 del Centro Preventivo para Varones de la zona 18, dividido en los sectores A y B, considerados de alto riesgo, pues es allí es donde se guardan prisión los pandilleros del barrio 18. En el operativo, la seguridad penitenciaría encontró armas de fuego y decenas de electrodomésticos, lo cual fue motivo de sanción para reclusos: suspensión de visitas y prohibición de encomiendas.

Han pasado seis meses desde que se “castigó” a los 490 habitantes del sector 11. Apenas el pasado viernes se autorizaron las primeras visitas en el sector A, después de 180 días de sanción, familiares de los privados de libertad de sector B aún no tiene esa autorización y esa es su queja: las que no hemos entrado a visitar no sabemos cómo están ellos. Es la voz de la señora Joseline González, quien en seis meses no ha visto a su esposo.

Pero hay algo que preocupa más a los familiares: la alimentación.

Antes del 18 de noviembre del año pasado a través de la encomiendas, las familias solían enviar comida a los reclusos, lo cual estuvo prohibido durante tres meses. Y, aunque se levantó la medida, las restricciones continúan, así lo afirma la esposa de un detenido que optó por no identificarse:

“No se les entiende si quieren la poca comida, si quieren la comida hecha. Y molesta porque en ocasiones no reciben nada”

“Lo que nos dijeron que podían ingresar al principio era dos pechugas, media de jamón, ocho salchichas. Pero no dejan entrar pan ni tortillas, pero no dejan entrar más comida, supuestamente porque es castigo. En la última visita no nos dejaron ingresar ni siquiera agua pura”.

Para ellos enviar a sus familiares esos alimentos es un complemento a la comida que proporciona el sistema penitenciario, la cual consideran que es de mala calidad e insuficiente. ¿Qué se les provee?: Frijoles, arroz y un chorizo, dos tortillas de harina y un vaso de atol. Por eso tienen desnutrición y aun así no permiten ingresar alimentos.

El Sistema Penitenciario destina el 30 por ciento de su presupuesto para pago de alimentación de 24 mil privados de libertad en las cárceles del país, unos Q120 millones anuales. El hijo del señor Carlos Enrique guarda prisión en esa cárcel, y el padre cuestiona sobre el destino de los fondos

“Ellos casi no tienen comida, la pregunta es: ¿Qué están haciendo el presupuesto. Ellos están como esclavizados, lo que están haciendo es una injusticia”

“Hemos platicado con él y no les dan de comer, él pesaba 170 libras y hoy pesa 140 libras porque no les dan comida. Ellos están esclavizados ahí, ese ya no es preventivo, ese es centro de esclavitud”

Además de que la comida que se permite enviar en encomienda es limitada, deben llevarla la sede central de la Dirección General del Sistema Penitenciario en la zona 1. Ayer este reportero pudo observar extensas filas de personas con bolsas trasparentes de alimentos, los cuales pasan por el control de seguridad.

Familiares deben llevar los alimentos a la sede central del Sistema Penitenciario.

La alimentación debe ser suficiente, de calidad y balanceada; sin embargo, no se cumple, afirma Corinne Dedik, experta en temas penitenciarios del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN):

La calidad no es la deseada y la que se necesita para las personas privadas de libertad y eso trae consecuencias porque obliga a los familiares a que les lleva alimentación, lo cual se convierte en un riesgo porque queda abierta la posibilidad de que se ingresen ilícitos, por el volumen de comida que ingresa.

En algunos países el ingreso de alimentos está prohibido por temas de seguridad, cada vez son más las cárceles que han optado porque el prisionero prepare sus propios alimentos como ya ocurre en una prisión del país, según Dedick.

“En la cárcel de Fraijanes I, que funciona bajo el nuevo modelo de gestión penitenciario, los mismos reclusos preparan sus alimentos y el Sistema Penitenciario les provee los insumos”

En 2015, 2016 y 2017 la Procuraduría de Derechos Humanos emitió una sanción moral al Estado de Guatemala por la falta de acceso a la salud y el derecho a alimentación adecuada.