Han pasado dos años desde que se conformó la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC) en enero de 2020. Hasta la fecha ha presentado 31 denuncias, pero ni denuncia la corrupción de alto impacto no da resultados pronto reclama Jordán Rodas Andrade, Procurador de Derechos Humanos (PDH) quien exige el cierre de esa oficina.
Esto parece un reflejo del 2012. Al inicio de su gobierno Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti también crearon una Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret) cuya finalidad era captar casos de corrupción en las instituciones del Estado y denunciarlos ante el Ministerio Público. En el 2015 fue disuelta, con más penas que glorias: la oficina era un adorno ante la rampante corrupción de ese gobierno.
El actual comisionado presidencial anticorrupción, Óscar Dávila, admite parte de la crítica:
«Lamentablemente tenemos un retraso en ese aspecto, tenemos reuniones mensuales con delegados del MP, con la Fiscalía contra la Corrupción, hemos dado seguimiento, pero ellos nos indican que a pesar de la documentación que presentamos como análisis financieros y administrativos, ellos tienen que hacer la confirmación por los canales oficiales, tienen que ver las auditorías de la contraloría. Ha sido prolongada la espera para diligenciar algunos casos».
El comisionado explica que la mayoría de casos provienen de los ministerios de Gobernación, Cultura y Deportes, Educación, Trabajo, Comunicaciones y de las Secretarías de la Presidencia. Muchas están relacionadas a hechos de corrupción, pero también al cobro de coimas hacia los trabajadores por parte de directores de Recursos Humanos e incluso de algunos viceministros.
«Las denuncias son anónimas y se han captado a través de las alertas que hay en los portales electrónicos de cada institución en donde hay un botón que redirecciona hacia un formulario para emitir la denuncia».
Una de las denuncias penales presentadas en septiembre de 2021 tiene que ver con cinco unidades ejecutoras del ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Hay sospecha de que funcionarios y empleados públicos adjudicaron Q4.4 millones irregularmente. Otra denuncia presentada ante la Contraloría General de Cuentas está relacionada con el ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación por adjudicaciones que ascienden a Q24.9 millones.
En 2021 según datos de la CPCC eran investigadas por el MP 14 denuncias, una se encontraba en fase intermedia del proceso penal y otra en juicio oral y público. También varias de ellas nacieron solo cuando la prensa independiente hizo públicas las irregularidades.
El Procurador de Derechos Humanos dice que es necesario marcar un “hasta aquí”. Después de conocer los datos de Transparencia Internacional en los que Guatemala obtuvo 25 puntos de 100 en cuanto a la lucha contra la corrupción. Rodas dijo que la Comisión Presidencial contra la Corrupción n0 goza de autonomía ni refleja resultados.
Rodas dice que otra sería la historia si dicha comisión investigara la adjudicación que hizo el exministro de Gobernación, Gendri Reyes para comprar 1 mil motocicletas por Q29 millones, un evento de licitación señalado de beneficiar a un proveedor específico; tampoco ha denuncia las prácticas en la contratación entre la empresa mexicana y la Compañía Desarrolladora Ferroviaria (Ferrovías) para la remodelación y uso exclusivo de 235 kilómetros de línea férrea entre San Marcos y Escuintla.
«Es una comisión que solo sirve para carácter rimbombante de querer dar a conocer que se está haciendo algo en contra de la corrupción, pero que los resultados son muy pobres y lo mejor es que cierre sus operaciones y no despilfarrar los recursos públicos».
La CPCC tiene un presupuesto de Q11.5 millones para este año.