Siete diputados del Congreso de la República tienen “urgencia” por retirar la inmunidad los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC): Bonerge Mejía, Gloria Porras y José Francisco de Mata Vela, quienes según los congresistas, incurrieron en los delitos de violación a la Constitución, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato y usurpación de funciones.
El argumento de los congresistas es que los togados se excedieron en sus funciones al emitir una “protección constitucional temporal” que dejó en suspenso la formación, sanción y promulgación de la ley 5377 referente a las reformar a la Ley de Amnistía: una propuesta que propone dejar en libertad a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.
La decisión de denunciar a los magistrados la tomó la Comisión Permanente del Congreso de la República integrada por:
- Álvaro Arzú, presidente del Congreso.
- Felipe Alejos, vocal.
- Flor de María Chajón, vocal.
- Armando Escribá, vocal.
- Estuardo Galdámez, secretario.
- Juan Manuel Giordano, secretario.
- Aníbal Rojas, secretario.
Curiosamente, este miércoles el diputado Galdámez se refirió sobre la solicitud, sin embargo en sus declaraciones hizo alusión al amparo que frenó la firma del acuerdo con EE.UU de “tercer país seguro” y no de la Ley de reconciliación nacional por la cual denunciaron la los magistrados:
Ellos no tienen porque estarse involucrando en materia de política exterior esto le corresponde únicamente al presidente de Guatemala, como decimos en buen chapín “no tienen nada que tocar en esa orquesta los magistrados… absolutamente nada”.
Este martes el presidente estadounidense Donald Trump amenazó a Guatemala con subir aranceles e imponer impuestos a las remesas, tras la fallida firma del acuerdo para detener las migraciones hacia los Estados Unidos.
De inmediato, el Ejecutivo, a través de un comunicado culpó a la CC por las acciones que Trump tome en contra el país, pues fue la alta corte frenó la firma del compromiso con Estados Unidos. Más tarde, en coro, las cámaras empresariales salieron a respaldar a morales, el CACIF a través de su presidente, Juan Carlos Tefel fue uno de ellos:
Sobrepasó sus funciones la Corte, de nuevo los magistrados que votaron a favor de esta resolución, hemos visto que son tres magistrados que han atentado contra la certeza jurídica del país.
Mejía, Porras y de Mata Vela son los magistrados que han emitido voto favorable en resoluciones cruciales para proteger al CICIG.
Hoy son siete diputados aliados al oficialismo quienes solicitan enjuiciar a los magistrados que han emitido resoluciones contrarias a sus intereses. El expediente fue presentado en juzgado de primera instancia al que piden inhibirse de retener el expediente y
“Que sea trasladado con urgencia a la Corte Suprema de Justicia para que esta lo admita para su trámite y que, con celeridad, se remitan las actuaciones al Congreso de la República para el trámite correspondiente “y que oportunamente se declare con lugar el antejuicio” contra los magistrados”.
El miércoles, el magistrado presidente de la CC durante una conferencia de prensa hizo un llamado a los funcionarios a asumir sus responsabilidades y sobre la firma del acuerdo con Trump señaló:
En cumplimiento de su función la CC, no le prohibía ninguna acción al presidente de la República, la resolución únicamente señaló lo establecido en la Constitución para la firma de un convenio de esa naturaleza y con esos alcances se establece que corresponde al Congreso aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o arreglos internacionales cuando afecten el dominio de la nación y obliguen financieramente al Estado.
Enrique Álvarez, diputado Convergencia, reaccionó sobre la decisión los siete diputados de denunciar a los magistrados de la CC:
Nosotros estamos evaluando si esto tiene fundamento legal. En principio tenemos claro que una corte como esta, no puede ser procesada por resoluciones que dicten en el ejercicio del cargo. Lo que tenemos que analizar si la Comisión Permanente está actuando en su nombre o en el del pleno del Congreso.
En el expediente, Rina Samayoa, firmante de la denuncia, aparece como mandataria legal del Congreso y el documento no menciona los nombres de los integrantes de la Comisión.