En junio próximo se celebrarán las elecciones generales en donde los guatemaltecos elegirán presidente y vicepresidente, diputados y alcaldes. Pero hay alarma: los partidos políticos han consentido la participación de personajes cuestionados: asociados al crimen organizado; con señalamientos por narcotráfico, lavado de dinero o asociaciones ilícitas. Estos personajes llegan hasta los listados con la venia de las organizaciones, pero también con el visto bueno del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
- El caso más visible y en expectativa es el de Manuel Baldizón, excandidato presidencial del Lider, condenado en Estados Unidos por canalizar dinero del narcotráfico hacia su campaña electoral. Baldizón fue proclamado el fin de semana candidato a diputado por el partido CAMBIO. Y con proceso abierto en Guatemala, por el caso de financiamiento del partido Lider y Transurbano.
- Jaime Martínez Lohayza, exdiputado de la Gana y Lider, condenado a cinco años de cárcel por tráfico de influencias en un caso de lavado de US$33 millones. Martínez Lohayza fue inscrito la semana pasada por el TSE como candidato a alcalde de Jutiapa por el partido Unionista. Por el mismo caso fue condenado Edgar Barquín, exvicepresidenciable de Baldizón, inhabilitado por 5 años para optar a cargos públicos, aunque ha fungido como asesor económico para el presidente Alejandro Giammattei.
En 2018 la diputada Andrea Villagrán, actual aspirante a la reelección por el partido Semilla, propuso con otros congresistas de oposición una ley que impida a los funcionarios condenados por corrupción acceder durante 20 años a puestos públicos. El código penal ya establece inhabilitaciones especiales y absolutas, pero no pueden ser mayores a los 4 años. De ahí que Martínez Lohayza, está en una lista de elección popular.
Sandra Morán, exdiputada firmante de esa propuesta y postulada por Winaq para la reelección al Congreso:
El problema del país es que tenemos un alto grado de impunidad. No es solamente una ley la que va a lograr los cambios; aquí tenemos que recuperar los valores y la ética porque ahora se aplaude a “la persona corrupta porque es más lista”. Hay una degradación social de los valores y la ética también.
La propuesta quedó engavetada, pero proponía que los funcionarios condenados por delitos contra la administración pública:
- No gocen de derechos políticos: ni elegir ni ser electos
- Pierdan el empleo o cargo público ejercido, aunque sea elección popular
- No puedan obtener cargos, empleos y comisiones públicas
- No ejerzan la patria potestad, ni ser tutores o protutores
Como Frente,presentamos la iniciativa d Reforma al Código Penal.Ésta busca q funcionarios públicos q son condenados x actos d corrupción sean inhabilitados d la función pública x hasta 20años después d cumplir la condena #MuerteCivil Iniciativa Oficial➡️ https://t.co/VcWcEOrVys pic.twitter.com/0SmOwQSfnX
— Andrea Villagrán 🇬🇹 (@AVillagran502) January 18, 2018
El partido Unionista, liderado por Álvaro Arzú Escobar, también acoge en sus filas a un acusado por el Ministerio Público por ejecuciones extrajudiciales. Edwin Rivera, exasesor de gobernación, y hermano de Kamilo Rivera, exviceminsitro de gobernación acusado por el mismo delito y prófugo de la justicia desde 2018. Edwin Rivera fue absuelto en 2013. Según las investigaciones ambos conformaron una estructura que se instauró en gobierno del expresidente Óscar Berger, ahora uno de los Rivera, es candidato a diputado por el distrito de San Marcos.
La FECI y la CICIG realizaron allanamientos y capturas entre ellas la de Stu Velasco, ex subdirector de la PNC y de Carlos Vielmann ex Ministro de Gobernación durante el gobierno de Berger. El viceministro de Gobernación Kamilo Rivera no fue capturado. #CasoInfiernito pic.twitter.com/Qayx8Ugpco
— #JusticiaYa (@justiciayagt) October 29, 2018
Ruben Hidalgo, director de Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP):
Debemos de estar preocupados por la facilidad y simpleza con la que algunos candidatos quedaron inscritos. Estamos generando un mensaje de que a la institucionalidad puede llegar cualquier personaje, aunque provenga del inframundo o con un gran récord de lavado de dinero.
Hidalgo considera que los pilares para la inscripción de candidatos deben ser los prescritos en la Constitución de la República: Capacidad, idoneidad, honorabilidad y honradez: “debemos ponernos de acuerdo a qué se refiere la Constitución con idoneidad y honradez, y desde eso partir, pero no podemos permitir que lleguen personas que no tienen esas calidades”.
Morán opina que son necesarias las reformas, pero cree que si personajes cuestionando ocupan cargos públicos:
Están con gente que apoya su proyecto político. ¿Cuál es la estrategia? Metemos 1, 2, 3 o 5 por partido y entre todos hacemos el “pacto de corruptos” número 3.
Otros exdiputados señalados por crear plazas fantasmas durante su legislatura y que buscan una curul son Julio César López Villatoro con CABAL, y Arístides Crespo con PODEMOS, para ambos el caso fue cerrado en septiembre 2022, por la jueza Claudette Domínguez.