El documento de presupuesto 2024 aprobado el 30 de noviembre por 115 diputados, aún no se remite al presidente Alejandro Gaimmattei, para su sanción o veto. El bloque Semilla, que se convertirá en la próxima legislatura en la bancada oficial, en una acción inusual hará hoy su último intento para que el decreto de los Q124 millardos sea archivado y no cobre vida, especialmente después de los cuestionamientos de sectores empresariales, indígenas y académicos, que señalan opacidad y discrecionalidad en la distribución de los recursos.
La base legal de Semilla para buscar archivar el presupuesto data de 2017, cuando el Legislativo estableció un precedente. Antes de enviar un decreto aprobado para su sanción y publicación, si recibe observaciones y objeciones con respecto a la constitucionalidad, oportunidad o conveniencia nacional, la Junta Directiva lo pondrá en conocimiento del pleno, y si las observaciones y objeciones fuesen aceptadas, el decreto aprobado no se remitirá al Ejecutivo y quedará en el archivo.
Este precedente nació cuando en 2017, los diputados aprobaron reformas al Código Penal en el delito de financiamiento ilícito y la conmutación de penas para 400 delitos, aquel error lo enmendaron solo después de cuando la ciudadanía los mantuvo encerrados por varias horas en el Congreso. Otro antecedente más reciente fue en 2020, cuando por el rechazo debieron archivar el presupuesto 2021, aprobado de noche y sin discusión.
Édgar Batres, diputado de Winaq, que se ausentó a la votación del presupuesto y tampoco asistirá hoy -se escusa por reuniones de trabajo-, pero ve poco probable que el documento se archive:
Realmente no creo yo que Semilla, haya podido negociar para hacer las modificaciones que ha considerado; por ejemplo, que el Congreso tenga que aprobar los bonos. Entonces este seguirá su ruta y lo único que puede pasar es que el Presidente lo pueda vetar, pero es remoto porque es producto de un convenio entre ellos -los aliados al oficialismo-. Lo voy a decir así: el presupuesto permitió el voto de los 108 diputados, fue el pago para quitarle los votos a los magistrados del TSE, es un compromiso de honor con base obras de infraestructura y pago a ONG, sin experiencia y que quedaron con “bonitas cantidades de dinero”.
ConCriterio consultó con Samuel Pérez, jefe de bloque de Semilla si tienen acuerdos para archivar el presupuesto, pero al cierre de la nota no respondió. En el documento de objeciones al presupuesto enviado a la Directiva, por esta bancada exponen que “hay violaciones fundamentales a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, calidad, transparencia, equidad, publicidad e incumplimiento deliberado con la Constitución de la República”.
ConCriterio llamó a diputados oficialistas y aliados, pero tampoco respondieron. El Congreso necesitaría hoy 81 votos para archivar el presupuesto. Juan Carlos Rivera, diputado de VICTORIA, votó a favor y nos dice que aún analiza si modificará su voto ya que:
No todo lo que está en el presupuesto es malo, van muchos beneficios para el Adulto Mayor, que se subió el aporte, algunos salubristas se van a presupuestar. En el caso de que existan ONG fantasma, eso será responsabilidad del próximo ministro de Finanzas y Gobernación y si no son de beneficio, deberían de proceder con la cancelación de las mismas y no trasladar los fondos; en cambio si son de beneficio las debemos de apoyar.
Po su parte, el diputado Batres, cree que la sesión hoy será aprovechada para designar a los dos magistrados suplentes faltantes del Tribunal Supremo Electoral y que el pleno pueda integrarse: Para eso tienen el voto – y aunque no esté en agenda alguien va a presentar una moción privilegiada-esa es una de las intenciones de haber convocado, porque hay todo un objetivo de votar la primera vuelta y eso no lo pueden hacer si no está completo el TSE.
Hay quienes creen que las fuerzas en el Congreso se mantienen, pese a que el lunes EE. UU anunció el retiro de visas a 300 guatemaltecos incluidos 100 diputados, y ayer la Organización de Estados Americanos (OEA) por mayoría acordó invocar el artículo 18 de la Carta Democrática, que significaría un aislamiento político con repercusiones económicas, además de otras medidas que pueden ser promovidas por la Unión Europea.