En noviembre de 2018, el Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial (OJ), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presentaron a la  Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República una propuesta de reformas al régimen de prisión preventiva, la cual de entrada contempla aplicar la medida solo en casos excepcionales.

El documento, hasta ahora no se ha convertido en una iniciativa de ley. La Dirección Legislativa del Congreso, unidad encargada de recepción de las mismas, no cuenta con ningún registro. La propuesta fue entregada, pero dos meses después no ha avanzado.

Julio Cordón, Secretario de Política Criminal del MP, respondió vía chat que el proyecto se encuentra de dicha Comisión, en espera de que se reanuden las reuniones de la mesa técnica.

El diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena, ha manifestado su oposición a la ley de Aceptación de Cargos, a la cual llama “la ley de sapos” porque motiva beneficios a sindicados a cambio de que relaten los hechos, narraciones que pueden alcanzar a otras personas. El diputado también se opone a las reformas al régimen de prisión preventiva.

Los dos planteamientos surgieron como respuesta del sistema de justicia para desfogar los centros de detención y aplacar la crisis política que desató la presión de prisioneros prominentes, acusados en casos de corrupción, que responsabilizan a la Cicig de la mora en la solución de su estatus.

Linares Beltranena se expresó así de las reformas al régimen de prisión preventiva:

“Hubo varias reuniones en una mesa técnica. Yo tuve muchas objeciones porque se quería empoderar al MP por encima de garantías constitucionales,  por lo que ya nunca se convocó de nuevo”.

Los cambios contemplados a la Prisión Preventiva se prevé:

• No debe exceder los cuatro meses después de la audiencia de primera declaración.
• Elimina la prórroga indefinida de la prisión preventiva,

Entre otros comenta, Gabriela Contreras, abogada de CICIG.

• Además, se propone que transcurridos cuatro meses sin que se haya presentado el acto de acusación, clausura o sobreseimiento, pueda ser sustituida la prisión preventiva por otra medida.
• La medida también aplicaría si transcurridos dos meses después de la acusación sino se ha concluido la audiencia intermedia y si seis meses después de la conclusión de la audiencia intermedia, sino se ha realizado el debate oral y no se ha emitido sentencia, también habrá un cambio de la medida.

Con estas reformas al Código Penal, el Organismo Judicial propone crear un una unidad que ejerza control sobre las medidas de coerción. En estas se incluyen las no privativas de libertad, en la que el sujeto procesado debería cumplir con:

• Presentarse ante el juez cada determinado tiempo
• Tener buena conducta
• Prohibición para asistir a determinadas reuniones o lugares y
• Limitación para comunicarse con determinas personas y con las víctimas
• Pago de una fianza proporcional al daño por el que se le señala. Se incluye también,

Medidas se incluyen privativas de libertad en el domicilio, las cuales expone, Julio Cordón.

• Discapacidad o vulnerabilidad
• Embarazo de alto riesgo
• Enfermedad grave o estar en inminente peligro de muerte o ser la única persona que puede dar cuidado a un menor de edad.

Ayer familiares y amigos Max Quirín, exintegrante de la Junta Directiva del IGSS en representación del sector empresarial, demandaron  otorgar prisión preventiva al empresario, condenado a seis años de cárcel por fraude en un contrato de Q116 millones con la droguería PISA. Quirín lleva 3 años, en prisión, su sentencia está en apelación y esta ha sido la defensa de Quirín ante los medios de comunicación:

 “A mí y a la Junta Directiva nos han acusado de fraude, pero la acusación lo que contempla son faltas administrativas en la designación de la Junta de Licitación, en aprobación de lo actuado por ellos y la autorización del contrato; que esas son infracciones a la ley de Contrataciones del Estado, que para estas existen multa, pero desde el inicio los volvieron un proceso penal”.

Juan Francisco Sandoval Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) dijo que la defensa de Quirín está en todo su derecho de apelar, sin embargo, el empresario enfrenta un segundo proceso, por supuesta sobrevaloración en un contrato para la adquisición de una Solución Integral de Sistema Informáticos (SAP) valorado en Q243 millones.

Durante caso Igss-Pisa murieron los médicos Erwin Raúl Castañeda Pineda y Jesús Arnulfo Oliva Leal, ambos miembros de la Directiva (representantes de tales y cuales sectores) acusados de adjudicación anómala del contrato.