Era 14 de enero de 2019. En el Congreso de la República, a viva voz, se hizo un compromiso con prisioneros acusados de violaciones a los derechos humanos en Guatemala. El vocero: Álvaro Arzú Escobar.

Nuestra sociedad no puede permitir que el resentimiento y el ánimo de venganza la esclavicen, necesitamos poner un punto final y que nos libere de las ataduras del dolor y del deseo de venganza.

Ese 14 de enero quedó sellado el compromiso: aprobar una amnistía paran acusados de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones sexuales.

La 8va. Legislatura en su recta final no olvida el pacto y hay diputados que no quieren irse sin cumplir lo prometido. Para una sesión extraordinaria de julio o para los primeros días de agosto, cuando arranque el segundo periodo de sesiones ordinarias, los congresistas insistirán con la amnistía contenida en la iniciativa 5377:

La iniciativa ordena que todos los detenidos, “un terrorista preso y como 60 militares sean dejados en libertad y que las persecuciones terminen”.

Las palabras son de Fernando Linares Beltranena, ponente de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, la cual busca abrir las puertas de las cárceles a acusados de crímenes del pasado.

Linares Beltranena no solo hizo la propuesta; además, fue quien  dictaminó el proyecto, con una comisión  integrada  por:

Javier Hernández Ovalle, Herber Armando Melgar Padilla y Estuardo Galdámez. Los tres militares.

La fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público registra al menos 4 mil casos de crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. De 2005 a la fecha reporta 21 condenas por delitos contra los deberes de la humanidad, 14 por desaparición forzada y uno por tortura.

El pasado 16 de junio fue detenido en Salamá, Baja Verapaz, Luis Enrique Mendoza García, suegro de Estuardo Galdámez, excandidato a la presidencia por el parido oficial FCN-Nación. Mendoza García es un militar retirado acusado de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.

El suegro del diputado Galdámez sería uno de los beneficiados si se aprueba la  ley. A él le sigue una extensa lista:

• Manuel Benedicto Lucas García, condenado en mayo de 2018 a 58 años de cárcel por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen y la  violencia sexual agravada de Emma Molina Theissen.
• Manuel Antonio Callejas y Callejas, exjefe de inteligencia militar condenado en 2018 a 58 años de cárcel por los mismos crímenes en el caso Molina Theissen.
• Édgar Ovalle, exdiputado de FCN-Nación, un hombre cercano al presidente Jimmy Morales, acusado de formar parte en violaciones a los derechos humanos en un destacamento militar en Cobán, Alta Verapaz. Ovalle se encuentra prófugo de la justicia.

En la fila también está el comandante guerrillero

• Fermín Solano Barillas, condenado en 2014 a 90 años de prisión por el asesinato de 22 campesinos de la aldea El Aguacate, Chimaltenango.

El proyecto de ley está en la fase final para convertirse en decreto. El siguiente paso es la tercera lectura y aprobación final por artículos. Los diputados necesitan 80 votos.

Enrique Álvarez, diputado de Convergencia opinó:

No estamos seguros de que tengan el apoyo completo para promoverlo, lo cual no significa que no lo intenten. Es evidente que han insistido hasta la saciedad en aprobar esas leyes regresivas y no les importa si ilegales o no.

En marzo pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas, pidieron al Congreso de la República frenar la discusión de esta iniciativa que tiene intenciones de volver al pleno.