Desde que allá por 2016 se modificará la norma relativa a la forma de cesar a la Fiscal General -por presiones de CICIG/MP de la época- se blindó el puesto, y salvo que dicha autoridad sea condenada por un delito doloso y siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, puede ser cesada. Es decir, se cerró con candado la destitución por intereses de entonces.
No entendieron los legisladores, tampoco los promotores, que esas normas pétreas, cerradas y que otorgan privilegios, son luego aplicables a personas distintas, a aquellas para las que se aprueban. De esa cuenta, es sencillamente imposible destituir ahora a la Fiscal General, por el blindaje mencionado. Y es que las leyes malas se terminan pagando con el tiempo, pero eso es un asunto de entendimiento que no es precisamente lo que predomina en el país, sino el interés. Y como no hay forma, algunos iluminados recurren a promover una consulta popular, tal y como determina la constitución, dicen los sesudos activistas ¡Siguen sin entender!
Es cierto que la constitución contempla dicha figura, pero para temas políticos de interés nacional, y lo estipula para el diferendo con Belice o cuando se utilizó para las modificaciones constitucionales allá por 1999. Esto es, para temas políticos que no están regulados por otras leyes. De lo contrario, se puede caer en el absurdo de convocarla para asuntos como cesar a cualquier funcionario o incluso prolongar el mandato presidencial. En esos casos, seguramente, los promotores dirán que es absurdo, porque hay leyes que regulan lo establecido, argumento que justamente hay que aplicar en esta ocasión.
La única forma, y para futuros casos, debe ser que en el Congreso se modifique la ley y se establezca un procedimiento “difícil”, pero no imposible, porque de lo contrario una vez elegido el nuevo Fiscal General tendremos idéntico problema. Difícil que pase conociendo los antecedentes de las discusiones sobre las comisiones de postulación o la ley electoral, y cómo no se llevan a cabo a pesar de haberse comprobado la necesidad.
El interés general debe de predominar sobre el particular, pero no se tuvo en cuenta en 2016. La Fiscal General de entonces debía blindarse -así entendieron los del Norte y los de aquí- y se forzó al Congreso a aprobar aquella norma bajo presión, y seguramente con alguna amenaza velada, que también suele haber. No previeron que de llegar otra persona había que soportarla sin poder tomar medidas, caso que ahora ocupa la mente de quienes aplaudieron aquello que satisfizo demasiados egos.
Pese a quien pese, no es factible una consulta popular, aunque hay probabilidades de que en último extremo acudan a ello. De ser así, es muy probable que la CC determine que no ha lugar, y aprovechen para señalar a la alta corte de estar manipulada, argumento que emplean algunos cuando no están dispuestos a aceptar lógicas jurídicas que no comparten o que van contra sus intereses. He dicho muchas veces que no se pretende legislar en favor del bien común ni de la neutralidad propuesta por John Rawls, sino en función de los intereses de grupos contrapuestos que aplauden o protestan en función de que la norma les sirva o perjudique.
Queda mucho para avanzar como sociedad, de ahí el poco desarrollo social que tenemos, pero sobre todo para contar con criterios neutrales al momento de legislar, y hacerlo sobre la base de leyes generales e iguales para todos. Incluso ahora que se habla constantemente de la ley de competitividad, al mismo tiempo se promueven privilegios fiscales para ciertos sectores agropecuarios. Lo peor es que los mismos legisladores y una parte sustancial de la sociedad no advierten el contrasentido y son capaces de justificar, con esa sencilla frase de “son cosas distintas”, cuestiones que inciden en el principio de igualdad ante la ley.
En fin, no podemos pedirle peras al olmo y en la medida que sigamos con altos índices de analfabetismo funcional, no será fácil entender ni mucho menos progresar.