La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) investiga denuncia de actos de corrupción supuestamente cometidos durante los tres meses que Rita María Elizondo dirigió la Comisión Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA).

El caso fue promovido por la propia Contraloría General de Cuentas (CGC) que en su más reciente informe señaló al menos tres episodios donde supuestamente CONAMIGUA propició corrupción durante la pandemia:

• Pagos a contratistas sin transparencia
• Se pagó ayuda a beneficiarios sin registro.
• Se liquidaron millones de quetzales sin los procedimientos adecuados
• Se pagó primero y luego se recibió el bien o servicio, con lo que según los auditores “no se estableció (si se dieron) conforme lo contratado”.

Un hallazgo es la causa de la denuncia penal contra la exsecretaria y cuatro directivos más de la institución. Los auditores indican que fue irregular la contratación de servicios de hotelería por Q1.6 millones para la cuarentena de migrantes que regresaban en plenas restricciones de la pandemia.

En su informe la auditoría detalló: “El contrato no nació a la vida jurídica, pero se ejecutó”. La Inmobiliaria Puerta Dorada S.A., contratista, solicitó la rescisión del trato y el 28 de agosto se nombró comisión liquidadora.  Un mes después CONAMIGUA emitió un cheque por Q832 mil, “a pesar de que la máxima autoridad no aprobó el contrato”, dice el reporte.

Elizondo ya presentó sus pruebas de descargo, pero la denuncia fue presentada. En entrevista con este reportero la exfuncionaria objetó:

 “En ese momento hubo una cantidad de migrantes que venían de México y tenían Covid y me indicó el ministro Pedro Brolo -presidente del CONAMIGUA- que urgía la contratación de hoteles. Yo tenía 10 días para conocer el contrato, pero no hubo quórum y luego otra vez, para ese entonces los migrantes ya habían terminado su cuarentena. La solución fue que yo podía firmar hasta Q900 mil -que fue lo que hice- y una organización internacional pagó el resto. Los auditores dicen que el contrato no nació a la vida, pero ya no había necesidad.

Se le consultó a la exfuncionaria el nombre de la organización, pero refirió la consulta a Relaciones Exteriores; se trató de contactar al propietario del hotel pero no fue posible.

Parte del informe de los auditores.

La funcionaria asegura que los servicios fueron prestados y en su defensa apela:

“El lado social es más fuerte que lo administrativo”.

Elizondo enfatiza que ya se presentó para colaborar en la investigación. ConCriterio solicitó a través de comunicación social del MP, una entrevista con el fiscal encargado, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.

Los auditores enumeran otros hallazgos, que según Elizondo ya fueron desvanecidos.

• Contratación de bienes por la pandemia por Q5.7 millones sin registro de beneficiarios.
• Liquidación de Q6. 7 millones sin acta recepción
• Un pago de Q4.5 millones anterior al nombramiento de una Comisión Receptora y Liquidadora.

Este reportero solicitó a comunicación social de la Contraloría General una entrevista con los auditores, pero no respondieron. Un exfuncionario de CONAMIGUA, que declinó ser entrevistado, dijo que puede ser un montaje. Y Elizondo:

“Es imposible que se hagan tantas auditorías sobre el tema, cuando solo fueron 3 o 4 meses de gestión”.

Conamigua debe prestar atención a los migrantes y sus familias en Guatemala.

Walter Félix, diputado integrante de la Comisión del Migrante:

Nuestro voto fue en contra de ella por todas las anomalías que se estaban dando en la administración y los problemas que tuvo con Carlos Nares -el exsecretario- y uno de los planteamientos que se dio fue desaparecer la institución por todo esto.

También vinculan a Nares con Felipe Alejos y a Elizondo con Carlos Roberto Calderón, diputado representante del Congreso ante CONAMIGUA.

Félix reflexiona: Es importante que se investigue a fondo y que se castigue a los responsables y si es una venganza, también se tiene que establecer y deducir responsabilidades.

La CONAMIGUA debe coordinar, definir y fiscalizar acciones del Estado en la protección de los migrantes y sus familiares en Guatemala, pero los migrantes la perciben inoperante.