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El cuestionamiento a Dina Ochoa, magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), sobre su solicitud a la cocina de ese organismo de servirle 59 almuerzos para llevar a su casa, refleja cómo instituciones del Estado crearon pequeñas estructuras al estilo de una Casa Presidencial para cocinar y alimentar con dinero público a los más altos funcionarios.
Las entidades erogan miles de quetzales para alimentar a funcionarios cuyos salarios rondan los USD12 mil. La Contraloría General de Cuentas no responde si registra qué instituciones crearon cocinas y contrataron cocineros para servirle a su cúpula. Aunque una revisión en los portales de transparencia revela, por ejemplo, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuenta con esa unidad. También ConCriterio las ha identificado en la Oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, señaló en una entrevista en ConCriterio que estos gastos son el reto para el próximo Contralor de Cuentas: “Ese no es un gasto que pueda ser justificado, para eso tienen un excelente salario, seguro médico. Esa idea del hotelito que implica la SAAS, todo lo que se le brinda al presidente, ha sido replicado en las otras instituciones. Ahora todas las instituciones tienen su propio hotelito.”
Diputados han sido los más cuestionados por alimentarse con fondos públcos.
Erick Coyoy, exministro de Finanzas y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), señala que no es justificable: Pues todo mundo abusa de esa prerrogativa que tiene para gastar ya que los recursos están disponibles y sin control. Vemos todo este desperdicio al mismo tiempo que el ministerio de Agricultura no tiene recursos para comprar alimentos para la población campesina afectada por la sequía.
La erogación se repite niveles abajo aunque en otro formato: hoy, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) inicia una capacitación en gestión de derechos humanos y pagó Q47 mil por 238 almuerzos y refacciones; la primera semana de septiembre gastó Q47 mil en desayunos, almuerzos y cenas para el personal. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia gastó Q11 mil para alimentar a los empleados en horas extra.
Hay una compensación por ese tiempo extra que se paga a precio mayor por el esfuerzo que hace el trabajador; así que, en rigor, la comida no es parte de las prestaciones laborales. De alguna manera, lo que los funcionarios buscan es que el personal se sienta involucrado en el derroche de recursos.
Alejandro González Portocarrero, exjefe del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y excandidato a Contralor General de Cuentas en las dos últimas dos elecciones, en cambio, justifica los alimentos a los empleados de menor rango por una razón, el salario: Funcionarios o directores ahí si no, porque ellos reciben ingresos significativos de la entidad. Por ejemplo, en la Superintendencia de Bancos, al personal que se quedaba después de las 7 de la noche nos daban cena. Y en la SAT era lo contrario: ahí, cada quien llevaba su comida y yo pedía que le fueran a comprar, pero con sus propios recursos.
El Congreso, a pesar de las críticas hacia diputados por alimentarse con dinero público y a pesar del incremento de hasta de 150% de sus salarios, lejos de disminuir, esta erogación aumentó: según la Alianza para un Congreso Eficiente, entre 2023 y 2024 el Organismo Legislativo pasó de gastar Q4.4 millones a Q6.1 millones en comida.