El ministerio Público (MP) aun no pide el retiro de inmunidad para los diputados, Jorge García Silva, del partido Prosperidad Ciudadana (PC) y Josué Edmundo Lemus, del partido Vamos, mencionados de forma indirecta en la investigación que el viernes último el ente investigador develó por un caso de corrupción en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
En 2020 el MP comenzó una investigación por la adjudicación de dos contratos por Q30 millones otorgados a Outsourcing Total S.A, para la compra de estaciones meteorológicas y sismológicas. La entidad está vinculada con el congresista García Silva.
Para Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, es parte de una protección que la nueva administración del MP tiene con los agentes corruptos y no será procesado penalmente.
“El MP tiene una reacción tímida y se debería capturar al cerebro de esta banda que es un diputado. Lamentablemente solo se capturó a operadores y no al cerebro intelectual de este desfalco al Estado, pero no es de extrañarse porque así ha trabajado el MP últimamente”.
Una investigación de Concriterio efectuada hace un año, permitió determinar que Sabrina María Veliz Castañeda, una de las detenidas el viernes, fungía como asesora del parlamentario en el Congreso con un sueldo de Q22 mil y también era asesora jurídica del Insivumeh, con un salario de Q20 mil.
Yeison Broderson Samayoa Velásquez, director del Insivumeh, detenido el viernes.
Yeison Broderson Samayoa Velásquez, director del Insivumeh, también detenido el viernes, devengaba un salario Q25 mil 625 y fue quien autorizó la adjudicación de los Q30 millones a la empresa vinculada con el diputado.
El congresista García Silva, quien devenga mensualmente Q32 mil, ha trabajado en sociedad con Gustavo Adolfo Barrillas Padilla, vinculado al caso Asalto al Ministerio de Salud, en el que se investiga la contratación de 450 plazas fantasma e irregularidades en contratos por Q131 millones.
Barrillas Padilla también tiene a su hermano Emilio trabajando en el Insivumeh, quien es vocero de esa dependencia. Un caso más se refiere a la esposa de Barrillas Padilla, Andrea Bellugo Pozuelos, quien es también asesora del diputado García Silva y devenga un salario de Q20 mil en el Congreso.
El exfiscal y exministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, dice que aunque tiene sus dudas sobre la administración de la Fiscal General, Consuelo Porras, confía en que la investigación de la fiscalía Contra la Corrupción es sólida e imparcial.
“Que no hayan solicitado el antejuicio en contra del diputado probablemente obedezca a que la fiscalía espera confirmar algunos datos que puedan verificarse en las diligencias de allanamiento o en la información que den las personas que ya detuvieron y cuando tengan algo sólido posiblemente soliciten el antejuicio de los diputados”.
Refugiado en el Congreso
En el caso del diputado, Josué Edmundo Lemus, fungía como ministro de Comunicaciones cuando autorizó la adquisición del equipo meteorológico y avaló todo lo actuado por las juntas de licitación y por el director del Insivumeh, Yeison Broderson Samayoa Velásquez.
Lemus también ha sido señalado de otorgar contratos millonarios a diputados, exdiputados y amigos. Entre Covial y Caminos se desembolsaron Q273 millones en los primeros seis meses de su gestión. El 29 de junio, cuando renunció al cargo, adjudicó cinco contratos por Q35 millones. Todos los proyectos relacionados con la supuesta reparación de carreteras.
En abril de 2020 en un decreto de emergencia por la pandemia se aprobó a ese ministerio una ampliación a su presupuesto por Q724 millones de los cuales apartó Q30 millones para el Insivumeh que luego terminaron en contratos con empresas vinculadas con Jorge García Silva, secretario de la Directiva del Congreso. Cada contrato para las empresas del congresista fueron avalados por Lemus.