La discusión sobre los límites de los cobros municipales por el uso de espacios públicos llegó a un nuevo capítulo esta semana. La Corte de Constitucionalidad (CC) decretó la suspensión provisional de los artículos 1 y 4 del Reglamento de la renta por uso privativo temporal de la vía pública para el estacionamiento de vehículos, normativa que dio origen al sistema conocido como “MarbEx” en Antigua Guatemala.
La resolución surge a partir de una acción de inconstitucionalidad presentada por Diego Álvaro Denilson Sicajá Paredes, quien cuestionó la legalidad de las disposiciones aprobadas por el Concejo Municipal antigüeño en septiembre de 2024 y publicadas posteriormente en el Diario de Centro América. La CC consideró que existen indicios suficientes para suspender provisionalmente la normativa mientras se desarrolla el análisis de fondo del caso.
El máximo tribunal constitucional fundamentó su decisión en el artículo 138 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que faculta a la Corte a suspender provisionalmente una norma cuando la posible inconstitucionalidad sea notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables.
El sistema de cobro había sido implementado por la Municipalidad de Antigua Guatemala para regular el estacionamiento en la vía pública. Según información divulgada por distintos sectores ciudadanos, las tarifas alcanzaban Q10 para vehículos y Q5 para motocicletas de lunes a jueves, mientras que en fines de semana, días festivos o de alta afluencia turística los montos aumentaban a Q20 y Q10, respectivamente.
La medida generó controversia desde su entrada en vigencia. Vecinos, comerciantes, trabajadores y visitantes cuestionaron la legalidad de cobrar por estacionarse en espacios públicos, además de señalar la ausencia de alternativas suficientes de parqueo y la aplicación de sanciones consideradas excesivas. También surgieron dudas sobre el alcance de las facultades municipales para imponer este tipo de cobros y sobre el destino de los recursos recaudados.
La decisión de la CC no representa aún una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad del reglamento. El tribunal concedió audiencia por 15 días al Concejo Municipal de Antigua Guatemala y al Ministerio Público para que presenten los argumentos correspondientes antes de emitir una resolución de fondo.
Mientras tanto, la suspensión provisional deja sin efecto la aplicación de las disposiciones impugnadas y reabre el debate nacional sobre el equilibrio entre la autonomía municipal, la gestión del espacio público y los derechos de los ciudadanos. En una ciudad patrimonial que recibe cientos de miles de visitantes cada año, el caso podría sentar un precedente relevante para otros municipios que evalúan mecanismos similares de regulación y cobro por estacionamiento.
Después del dictamen de la CC, el alcalde Juan Manuel Asturias envió a sus cuadrillas de trabajadores a pintar de rojo las aceras, colocando rótulos de prohibido estacionarse, lo cual daña a vecinos y turistas, quienes no encontrarán lugar donde dejar sus vehículos.