El viernes, el Congreso de la República recibió una iniciativa de ley promovida por el Organismo Judicial (OJ) que busca sustituir la prisión por el arresto domiciliar. El fundamento: humanidad por la pandemia del Covid-19.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia exponen que uno de los mayores inconvenientes en las cárceles es el hacinamiento, el cual deteriora la salud de las personas pues no hay estándares mínimos para su protección. De acuerdo con el informe hay una sobrepoblación de entre 366 y 436%.

El Organismo Judicial señala que con el Covid-19, la situación se agudiza y se deben tomar medidas para que exista un mecanismo procesal temporal de seis meses prorrogables que permita que personas en prisión “tanto preventiva, como definitiva” opten al arresto domiciliario o el cumplimiento de la condena en casa.

¿A quiénes aplica?

• Podrán obtener libertad anticipada los mayores de 60 años que haya cumplido la mitad de la pena.
• Condenados hasta con 5 años, que hayan cumplido el 50% de la pena
• Los mayores de 75 años en cumplimiento de la pena (no especifica tiempo de cumplimiento)
• Quienes sufran de cualquier enfermedad terminal sin importar su edad
• Enfermos coronarios
• Mujeres embarazadas que hayan cumplido la mitad de la pena, con hijos menores de 4 años  y que vivan con ellas en la cárcel.

Delitos excluidos son 33, entre ellos:

• Homicidio
• Parricidio
• Asesinato
• Violación
• Agresión sexual
• Producción de pornografía de menores de edad
• Desaparición forzada
• Genocidio
• Delitos contra los deberes de la humanidad
• Robo
• Extorsión
• Quien propague enfermedad 
• Financiamiento electoral ilícito
• Evasión

Oswaldo Samayoa, abogado penalista en casos de alto impacto, cree que no es necesaria una legislación si no buena coordinación para el excarcelamiento de algunos casos; además:

 Están contenidos los delitos que más impacto han tenido históricamente pero hoy en día, por la coyuntura se tendrían que incluir los delitos contra la administración pública y de justicia que es por los cuales están procesados muchas personas que la CICIG inició y que hoy están a cargo de la FECI.

ConCriterio escribió a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) para solicitar su postura, pero al cierre de la nota no respondió.

Pablo Xitumul, juez presidente del Tribunal C de Mayor Riesgo, dice con esta norma hay irrespeto a lo ya establecido en el Código Procesal Penal, además considera que hay discriminación en cuando dice la Constitución que todos tendrán acceso libre a la justicia.

“Al final en caso de aprobarse esta normativa la facultad seguirá siendo del juez, el juez no recibe instrucciones ni directrices casuísticas, sabemos que la pandemia ha afectado pero eso no es imputable ni al juzgador ni al procesado”.

Procedimiento  “simple y sencillo”

• El director del Sistema Penitenciario deberá elaborar un listado de las personas que cumplen con los requisitos, el cual deberá ser certificado por médico.
• La institución o abogado podrá iniciar el procedimiento
• Recibida la solicitud, el juez señalará audiencia inmediata y conocido el caso, deberá resolver en máximo de 5 días.
• Cumplidos los seis meses, el beneficiado deberá presentarse ante juez de ejecución
• Si durante el proceso incumplen con las condiciones se podrá revocar la medida.

Walter Felix, diputado de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) comenta:

Tenemos que analizarla muy bien para ver que no vaya “gato encerrado”, porque han intentado liberar a los reos con diferentes pretextos, ahora tenemos lo del Covid-19, pero también han dicho lo de la edad.

En Legislativo hay al menos cuatro iniciativas que buscan regular la prisión preventiva: dos fueron presentadas por los exdiptuados Luis Hernández Azmitia y Juan Ramón Lau; otra planteada por el excongresista Leonel Lira de Encuentro por Guatemala. El Ministerio Público, bajo la administración de Consuelo Porras, también trabajó una propuesta. Todas apuntaban a que “la prisión fuera la excepción y no la regla”