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Los diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Municipales, presidida por Esduin Javier Javier, conocido como “3kiebres”, avalaron perdonar una deuda millonaria a diez Empresas Eléctricas Municipales (EEM). La iniciativa 6349 está lista para pasar al pleno del Congreso de la República y de ser aprobada, el gran perdedor sería el Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
Cristhian Escobar, director de la empresa de comercialización del INDE, señala que la ley afecta a la población. El impacto directo es impedir que nuevos usuarios estén conectados: Ese dinero el INDE lo utiliza para electrificación rural y somos los únicos que invertimos en ello. El hecho de no tener el dinero suficiente significará que vamos a continuar con una gran cantidad de familias sin acceso y eso no es justo y eso lo debería vigilar el Congreso: que se pueda llevar electrificación a cada esquina. Además, aportamos para que familias de escasos recursos paguen menos con la Tarifa Social.
Según la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, 9.7% de la población no está conectada a una red de energía eléctrica: el 18% está en el área rural y, a pesar de que, en Alta Verapaz, se encuentra la hidroeléctrica Chixoy –del INDE–, productora del 15% de la electricidad nacional, esta es la región donde cerca de la mitad de viviendas están desconectadas (45%).
Hidroeléctrica Chixoy.
Para 2024 el INDE planea 189 proyectos que dotarán de conexión a 12 mil familias. Según el Portal de Transparencia Presupuestaria, el INDE cuenta con Q3.3 millardos de presupuesto para 2024 y de estos han ejecutado Q23.1 millones en electrificación rural. “Somos los únicos que podemos subsidiar e invertir Q30 mil por cada nueva conexión, por cada nueva familia, el hecho de no contar con el dinero que nos corresponde nos limita”.
Los diputados ponentes de esta iniciativa integran los bloques de VALOR, UNE, VAMOS y CABAL, entre otros. Un promotor externo es Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM):
Lo que ocasionó -la deuda- es que el INDE varió la tarifa sin hablarlo con el cliente, en este caso, la municipalidad, y eso llevó a que no hubiera entendimiento para el pago y lo que hicieron las autoridades fue patear la pelota para adelante y dejaron que la deuda siguiera creciendo. Además, el 40% de la deuda es en intereses y mora. Lo que nosotros planteamos sobre la mesa es que se haga un borrón y cuenta nueva, porque la única forma que estas empresas pueden pagar es subiendo la tasa de alumbrado público y eso no lo vamos a permitir.
El gobierno aporta este año unos Q900 millones para la tarifa social a 2.2 millones de familias cuyo consumo es menor a 100 kilovatios.
Las Empresas Municipales con la deuda de Q. 3.1 millardos son: Guastatoya, Jalapa, Puerto Barrios, Zacapa, Gualán y Quetzaltenango, esta última debe poco más de la mitad de toda la deuda con Q1.7 millardos. Entre todas las empresas suman unos 180 mil usuarios.
Pero ¿por qué no pagan? El directivo del INDE, responde:
Mal uso de los fondos públicos, es un desvió de la plata.
– Entonces lo que corresponde ¿son denuncias?
En el caso de Quetzaltenango, toda la deuda está judicializada y de todos los casos que hemos presentado, hemos ganado más de la mitad y ellos tienen la obligación de pagar, pero no pagan. Sí hemos exigido el cobro, pero no lo hacen.
Suspender el servicio no es opción. Y, Escobar nos dice “Técnicamente lo podemos hacer, social y constitucionalmente este switch dejaría en penumbra a mucha población. Solo en Quetzaltenango, 60 mil usuarios, incluyendo hospitales y escuelas. No es factible y por eso mismo ellos se han acostumbrado a que a veces pagan y a veces no».
ConCriterio intentó comunicación con los alcaldes de los municipios en deuda, también con exalcaldes, pero no respondieron. La iniciativa de ley que borra la deuda a esta municipalidades establece crear una comisión supervisora integrada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Contraloría General de Cuentas y ANAM para verificar que las comunas no incurran en deuda.