A primera vista se ven frágiles y vulnerables, los acusados tienen entre 60 y 80 años y están esposados, rodeados de abogados y policías mientras escuchan la acusación. 

Hoy 12 militares y policías retirados regresan a la sala del Juzgado de Mayor Riesgo “B” para reanudar la audiencia de primera declaración por el caso Diario Militar o Dossier de la Muerte, un proceso que surgió cuando un documento filtrado desde el Ejército en 1999 reveló el destino de 183 personas capturadas y asesinadas entre 1983 y 1985.

A la Torre de Tribunales solo llegan 6 de 12 señalados pues cuatro están hospitalizados y dos en Alta Verapaz y Petén pendientes de traslado hacia la capital. El Ministerio Público (MP) señala a estos 12 militares y policías retirados de desaparición forzada, delitos contra los deberes de humanidad, intentos de asesinato y ejecuciones. 

Luis Maldonado, auxiliar de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, explicó quiénes están en el banquillo:

 “Entre los cargos, hay especialistas del Ejército, que son la mayoría que está aquí. Y los restantes que están en el hospital son de rango mayor. (Víctor Augusto) Vásquez Echeverría y (Marco Antonio) Gónzalez Taracena tienen rango de general.  Muchos de ellos tenían doble función tanto en la Policía como también en el Ejército.”

Los militares retirados se veían decaídos, cansados e incluso adormitados durante la audiencia, pero en su momento, estos ancianos fueron hombres fuertes del Ejército: seis de los doce señalados laboraban en la segunda sección del Estado Mayor Presidencial, conocida como “El Archivo”. El general Marco Antonio González Taracena, de 84 años, era el dirigente. Enrique Cifuentes de la Cruz, Rone René Lara, Édgar Corado Samayoa, Eliseo Barrios Soto y Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth eran sus subalternos: todos sargentos especialistas.

José Guerra, abogado de Lara, asegura que su patrocinado no participó en los hechos:

“En muchas declaraciones hay testigos que no han proporcionado  toda la información o sus datos concretos como tal. El hecho de que se le señale por una foto robot no significa que él haya estado participando en esas acciones.”

El MP identificó a Lara mediante una foto robot basada en la descripción de sobrevivientes de las torturas y mediante el testimonio de un testigo que declaró bajo reserva de datos. 

Para Paulo Estrada, querellante adhesivo e hijo de Ernesto Illescas, dirigente estudiantil, que desapareció en mayo de 1984 y cuyo caso se registra en el Diario Militar, la investigación tiene grandes implicaciones:

“Es un caso muy importante porque siempre se ha dicho que la inteligencia militar es una inteligencia de escritorio, que no eran operativos. Sin embargo, aquí hemos visto que miembros de las fuerzas de seguridad han declarado que, efectivamente, hasta el mismo director de Inteligencia llevaba el mando los operativos, se hacía presente en las casas y en algunas ocasiones se les señala de haber efectuado torturas. Vemos a una inteligencia militar operativa.”

Los otros seis sindicados pertenecen a varias entidades. A la Policía Nacional: Juan Francisco Cifuentes Cano fue el primer jefe de la Brigada de Operaciones Especiales y Gustavo Adolfo Oliva Blanco, el jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT). Edgar Virgilio de León Sigüenza fue sargento mayor especialista e investigador del Estado Mayor General del Ejército y del DIT.  El coronel Jacobo Salán Sánchez era Subjefe del Grupo de Adiestramiento de Operaciones Especiales Kaibil del Estado Mayor de la Defensa. José Daniel Monterroso Villagrán, Sargento Técnico Oficinista del Estado Mayor General del Ejército y del Estado Mayor de la Defensa. Y Víctor Augusto Vásquez Echeverría, excomandante de la zona militar del departamento de Chimaltenango.

El diario militar, filtrado a finales de los 90, reveló las torturas y asesinatos de personas consideradas como enemigos del Estado. Los perfiles de las víctimas son diversos, desde estudiantes y profesores universitarios, hasta integrantes de sindicatos.