Aún hay dolor cuando Katia Orantes habla de su madre Alma Ledy Poza. Tenía 32 años cuando, según las investigaciones del Ministerio Público (MP), los militares secuestraron, golpearon, amarraron y colgaron de cabeza mientras era interrogada. Su detención ilegal fue 15 días después de que su esposo, el médico veterinario Benjamín Rolando Orantes Zelada, fue ultimado en la 33 avenida y 23 calle de la zona 12 capitalina en octubre de 1983. Los indicios indican que él intentó escapar de sus captores que lo acusaron de colaborar con los insurgentes. “Se fue con Pancho”, consigna el Diario Militar, un documento que los fiscales aseguran se creó en Inteligencia Militar del Ejército de Guatemala y que fue desclasificado años después: 73 hojas con datos de personas desaparecidas, evidencia contra 14 militares procesados ante la justicia guatemalteca.

 «Mi madre nos contó y lo vimos cuando la liberaron: tenía marcas de tortura, la habían golpeado, estuvo más o menos cinco días secuestrada. Yo solo tenía ocho años de edad cuando eso pasó. El año pasado mi madre murió en Estados Unidos a los 70 años sin ver justicia».

Es un martes de abril y un aire caliente ingresa por una pequeña rendija bajo uno de los ventanales de la Sala de Mayor Riesgo B en el 14 nivel de la Torre de Tribunales. Un grupo de guardias penitenciarios trata de recibir ese aire mientras observan a los acusados, tres de ellos visten ropa de hospital por estar enfermos.

 Mientras se desarrolla la audiencia, algunos de los procesados duermen en las sillas, otros están más atentos a los argumentos de los abogados de las víctimas. Son dos quienes se movilizan en sillas de ruedas, su rostro es más serio cuando el abogado de la Asociación Familiares de Detenidos de Guatemala (Famdegua), Édgar Pérez, expone ante el juez Miguel Ángel Gálvez.

«Tenemos la declaración de un piloto de la Inteligencia Militar que dice que en el búnker los torturaban, se escuchaban lamentos y en una ocasión entró y describió lo que vió. Él dijo que no cualquiera interrogaba, aparte estaban los que torturaban, porque dejaban inconscientes a las personas por los toques eléctricos que les daban o porque les arrancaban las uñas».

El abogado se refiere a las desapariciones forzadas y torturas por las cuales acusan  los  señalados capturados el 27 de mayo de 2021 e involucrados en el llamado “Dossier de la Muerte”, el documento que registra la suerte de 183 personas desaparecidas o ejecutadas entre 1983 y 1985. Otras víctimas sobrevivientes en las que figuran mujeres describieron los abusos que sufrieron bajo la estructura clandestina e identificaron a los torturadores.

La audiencia en la que el juez Gálvez decidirá si los implicados van a juicio ha ocupado tres semanas. Los señalados están distribuidos en toda la sala, uno de ellos cuya vejez ha encorvado su cuerpo, duerme tranquilo en una de las sillas plásticas. Su comodidad es tal que se quitó los zapatos y ahora su complexión deteriorada difumina la sospecha de que fue uno de los torturadores.

Catorce militares retirados son procesados por la desaparición de 183 personas.

Nueve de detenidos enfrentan proceso para determinar si va juicio, entre ellos figuran José Daniel Monterroso Villagrán, Édgar Virgilio de León Cifuentes, Enrique Cifuentes de la Cruz, Jacobo Salán Sánchez, Rony René Lara y Édgar Corado Samayoa, procesados por desaparición forzada, delitos contra los deberes de la humanidad, asesinato y asesinato en grado de tentativa. El resto no ha sido incluido en esta audiencia por problemas de salud y procesales.

La tarde del 9 de marzo de 1984 una vecina de la zona 11 llamó a la Policía Nacional: denunció que varios hombres armados vestidos de particular y otros, con ropa del Ejército, ingresaron a una vivienda en el área. La respuesta a la denunciante fue que “estuviera tranquila, que era un operativo legal”. El abogado Francisco Martín Vivar, representante de dos sobrevivientes, dice que la respuesta deja al descubierto el contubernio que había entre las fuerzas de seguridad para desaparecer a quienes consideraban enemigos.

«Utilizaban centros clandestinos de detención en zonas militares, incluso un de los expolicias describe un túnel en la zona 13 que atravesaba una calle hacia la Escuela de Inteligencia Militar, allí los metían, ponían candado de un lado para que nadie pasara y ponían música china mientras los torturaban».

La abogada Jovita Tzul, representante de una de las víctimas, hace énfasis en los testimonios recopilados de mujeres sometidas a torturas y abusos sexuales, algunas eran hermanas o esposas de quienes ya estaban detenidos ilegalmente.

«Está el testimonio de una joven de 18 años a la que le daban toques eléctricos en sus partes genitales. Está la declaración de María del Carmen Soberanis cuando encuentra el cuerpo de su hija, a la que no la dejaron ver porque le cercenaron sus pechos. La declaración de mi patrocinada que le pusieron grilletes y la aventaron desde las gradas, le pusieron una capucha y la metieron a una tina sucia con excremento y luego la patearon».

Todas las víctimas eran trasladadas en vehículos, en especial en uno, conocido como la Panel Blanca. Y luego eran llevados a la antigua sede de la Escuela Politécnica. El automóvil era estacionado en el área de parqueos en donde los militares lavaban la sangre en su interior, como consta en el testimonio de un piloto que trabajó en inteligencia militar.

 «Me acerqué a ver en el interior, vi coágulos de sangre de aproximadamente cinco centímetros, cuando llegaron quienes la lavaron sacaron esos coágulos de sangre dentro de una cubeta», leyó el fiscal del MP.

Las mujeres sobrevivientes narraron que fueron sometidas a esclavitud sexual, algunas de ellas eran inyectadas con anticonceptivos para que no quedaran embarazadas. Es el caso de Candelaria, otra de las víctimas.

Abogada Jovita Tul:

«La testigo dijo que fue víctima de violencia sexual, la violaban como 7 soldados, a veces a diario y lo hacían en el mismo cuarto donde la tenían presa».

Después de las torturas a mujeres en casas o en el bunker llegaron los abusos psicológicos para las que dejaron en libertad. Los militares llegaban a las casas y si no tenían información requerida las golpeaban frente a los vecinos.

La violencia con que actuaban los acusados llegaba a niños. Uno de los detenidos, Salan Sánchez, quien fue asesor de seguridad del expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), es señalado en la desaparición forzada de Juan Pablo Armira López, de 12 años, a quien se le vinculó con ser un enlace con la guerrilla.

A Rony René Lara también se le señala por la agresión sexual de una niña de 9 años que era la hija de una persona considerada por la inteligencia como “enemigo interno”.

El juez Galvez decidió que algunos de los acusados más enfermos no acudan a las audiencias y regresen al hospital, se les solicitará su presencia cuando emita una resolución.