Los chats corrieron como el agua cuando se salen los ríos. Las conversaciones en las que aparentemente Dieter Sarg, candidato a diputado por el partido Podemos, hostiga y amenaza sexualmente a una mujer, provocaron su inmediata renuncia del partido. A simple vista, parece casualidad que el mismo día en que Sarg renunció a su candidatura, el 12 de junio, el Ministerio Público presentó antejuicio contra el diputado Gustavo Estuardo Rodríguez-Azpuru bajo sospecha de cometer una agresión sexual. 

Aunque ya existieron capítulos simulares en la actual legislatura: en noviembre de 2021, el diputado Alberto Sánchez, integrante del bloque Semilla, fue señalado por acoso sexual por una extrabajadora de dicho partido. Y en marzo de 2023 Sergio Arana, diputado de la bancada VAMOS, fue acusado y aún pende una investigación en su contra por violación y violencia contra la mujer. 

Carolina Sartis, directora general de La Alianza, organización que acoge a mujeres victimas de trata y violencia sexual, explica:

En el ámbito de la política, muchos hombres suponen que por estar en este espacio que les da poder, tienen aún más poder del que ya les ha concedido una sociedad patriarcal y machista. Entonces lo que pasa es que se normaliza. 

Sartis también resalta que la violencia contra mujeres, especialmente dentro de la política, es histórica:

Cuando se ha empiezado a denunciar más, no es que antes no sucedió como ahora, la violencia sexual ha estado presente siempre, solo que entre más se denuncia más nos damos cuenta que no es normal.

Las redes sociales permiten que más mujeres denuncien, aunque ese esfuerzo empezó hace siglos. Silvia Trujillo, socióloga con maestría en derechos de las mujeres:

Esto que pasó, que se cuestione a un funcionario, a alguien que está denunciando porque es una persona violenta, las mujeres lo venimos diciendo desde hace años, llevamos diciendo que sí alguien está acusado de violencia contra la mujer no tiene la calidad ética para ser un funcionario público. 

Trujillo destaca que las nuevas generaciones lograron que más mujeres denuncien, y gracias a la creación de organizaciones enfocadas en controlar la violencia hacia las mujeres, la cultura de la acusación se abre espacio. 

Un informe presentado por la organización Diálogos en noviembre de 2022 registró 24 mil denuncias en el Ministerio Público por delitos de violencia contra la mujer. Esa cifra coloca a Guatemala en el puesto 10 de 19 de países latinoamericanos con más violencia contra las mujeres, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. 

Y aunque el país dio pasos adelante a principios de siglo con la creación de leyes en contra de la violencia hacía la mujer, no todas las conductas son delitos aún. Claudia Say, abogada con experiencia en derechos humanos: 

Por ejemplo, la violencia simbólica; la violencia obstétrica, que tiene que ver en el ámbito de la salud; también está la violencia política; acoso sexual,como le mencionaba; y el acoso laboral que lo experimentan hombres y mujeres. 

Say subraya que hay esfuerzos en el Congreso para convertir el acoso en delito. Mientras tanto hay otras maneras con las que una denuncia de este tipo puede ser investigada. 

El Ministerio Público se ve imposibilitado de encuadrarlo como acoso sexual. Pero eso no quiere decir que las conductos pueden encuadrar en otro delito, como puede ser violencia sexual, violencia contra la mujer. Según la circunstancia del delito puede que se encuentre otro delito. 

El excandidato Sarg publicó en sus redes su renuncia, y se puso a disposición de las autoridades. Además, el partido Podemos expresó al medio República GT que la renuncia de Sarg era la mejor decisión e instaban al excandidato a acercarse a las autoridades para esclarecer los señalamientos. 

El Ministerio Público informó que no cuentan con registros donde Sarg figure como sindicado de algún delito, pero hacen un llamado a la denuncia.