Con la sesión de ayer viernes 15, los diputados dejaron sin efecto los dos decretos aprobados el miércoles 13 que provocaron manifestaciones ciudadanas. A partir de ahora, el amparo provisional que había decretado al Corte de Constitucionalidad (CC) queda sin efecto al perderse la materia que lo originó. ¿Se da por terminada la crisis con esa acción? Todo indica de que no. La noche del 15 de septiembre de 2017 grupos de manifestantes cercaron el Congreso de la República sin dejar salir a los diputados a quienes increpaban por sus acciones a la vez que demandaban su renuncia inmediata. Los congresistas solo pudieron abandonar el edificio hasta que la Policía Nacional Civil intervino con su fuerza antimotines.

Además de la plaza llena de recriminación y exigencias de que abandonen sus curules, otras actuaciones legales pueden vislumbrarse en el corto plazo.

Hay quienes sostienen, como el abogado Alejandro Balsells, que el artículo 117 constitucional es claro y que una vez aprobado un proyecto de ley ordena a la Junta Directiva del Congreso -en un plazo no mayor de diez días- enviarlo al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. De esa cuenta, el archivo decretado ayer es una interpretación extensiva pero fuera de ley, lo que podría ser no solo recurrido ante la CC, sino fuente de denuncias ante posibles irregularidades e incluso delitos.

La crisis más bien se ha complicado: desde una perspectiva jurídico-legal, las acciones legales se anuncian en el corto plazo. Como también afirma Balsells: “los diputados, de plano, pusieron en jaque la institucionalidad del Estado en todo su conjunto”.

Que los hechos citados se dieran, además durante la celebración de las fiestas patrias, convirtió este aniversario de la Independencia una celebración histórica, nunca antes vista. Las acciones ciudadanas han sido imprevisibles y ello cambia las condiciones por momentos.

Las continuidad de las protestas, después del fin de semana, parecen el hecho más probable: con la exigencia de la renuncia de los diputados a la que se escucha, con más volumen, una demanda de revisar el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, el cual el MP solicitó el 25 de agosto para investigarlo bajo sospechas de financiamiento mientras fungió como secretario general de FCN-Nación en 2015.

La crisis no ha terminado y las señales indican que los diputados no se salvarán de la acción judicial ni de la presión ciudadana.