Un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y representantes ante el Consejo Superior Universitario (CSU) denunciaron ante la fiscalía de Delitos Administrativos en el Ministerio Público (MP) que recibieron amenazas después de manifestar su oposición a Walter Mazariegos, electo como rector de la casa de estudios. Los denunciantes temen represalias, pero además desconfían del avance de las investigaciones.
Las intimidaciones, según denunciaron los docentes y estudiantes, las recibieron a través de mensajes de WhatsApp, en los cuales reciben su información personal como puesto laboral que desempeñan, salario, número de colegiación y datos de sus familiares que también trabajan en esa casa de estudios. Estos datos también han sido revelados en campañas falsas por medio de redes sociales, aseguran los denunciantes.
El abogado Mynor Berganza, coordinador de la Comisión Jurídica de la Asamblea Permanente por el Rescate de la USAC y quien elaboró las denuncias, refiere que puede existir abuso de autoridad si la base de datos fue entregada a terceros que hacen uso indebido de la misma.
«Lo que deseamos es que las personas responsables sean citadas, que expliquen bajo qué resguardo están esos datos y como pueden ser obtenidos. Para saber el salario que tiene un docente lo puede pedir por medio de Acceso a la Información Pública, vamos a pedir al MP que cite al que está de encargado de proporcionar esos datos para ver si tiene solicitudes por medio de esa oficina».
Berganza afirma que esta situación afectó la vida de quienes recibieron amenazas.
«Tememos por nuestras vidas quienes hemos enfrentado a Mazariegos».
Por el momento hay 13 denuncias, pero se sumarán más, asegura el abogado, quien explica que los más afectados son docentes, asesores académicos y estudiantes con representación ante el Consejo Superior Universitario (CSU) que han planteado recursos legales en contra de la elección de rector.
Se intentó obtener la postura de representantes ante el CSU pero no contestaron las llamadas telefónicas y otros prefirieron no opinar del tema.
Los denunciantes señalan específicamente a Wendy López Dubón, directora general de Administración; Erick Estuardo Tejada, de la División de Administración de Recursos Humanos; y Mariana Isabel Juárez, jefa de Registro y Estadística. Según ellos son quienes tienen la obligación de velar por la custodia de tales datos. También incluyen a Abraham González, director General Financiero y Byron Aguilar, Auditor General.
Estas amenazas y chantajes son normales en ese tipo de elecciones dentro de dicha universidad, dice Carlos Maldonado, catedrático en la escuela de Historia y quien considera que hay pruebas obvias para saber de donde salieron los datos sensibles de estudiantes y docentes, pero desconfía del MP.
«Como está el MP, creo que será difícil que hayan resultados, tiene que haber un fiscal realmente valiente que pueda encaminar las investigaciones, pero como también están amenazados, entonces ya es una cobertura de impunidad seria».
Walter Mazariegos fue electo para el período 2022-2026 el pasado 14 de mayo a puerta cerrada y después de un polémico proceso en el que se le señaló de ser el candidato oficialista. La elección se desarrolló sin competencia, ya que los cuerpos electorales que promovían a Jordán Rodas, el candidato opositor, quedaron anulados por inconsistencias, según el CSU.
Con este tipo de amenazas únicamente se regresa a los tiempos del conflicto armado interno en los cuales había represión en contra de estudiantes, refiere Aldo Bonilla, catedrático de la escuela de Ciencia Política
«Hay problemas no solo en la universidad sino a nivel país y hace recordar tristes momentos de nuestro pasado. Los elementos que detonaron el conflicto armado están presentes y exacerbados y se manifiesta en catedráticos y estudiantes que han manifestado su rechazo a la elección del rector».