La decisión de despojar al presidente Jimmy Morales de su inmunidad para ser investigado por el delito de financiamiento electoral ilícito pasó al Congreso de la República, luego de que ayer 11 de 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tramitaron la solicitud de antejuicio planteada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Las magistradas que votaron en contra de que el presidente sea sometido a investigación fueron Patricia Valdés, expresidenta de la CSJ, quien en septiembre de 2016 fue sujeta de críticas a raíz de un tuit que publicó para manifestar su apoyo al mandatario. A ella se unió Elizabeth García, magistrada que sustituyó a Douglas Charchal, sometido ahora a juicio por corrupción.
Así respondió Silvia Patricia (@cuchivaldes), a la directora de la Movimiento Pro Justicia, Carmen Aida Ibarra, quien entonces criticó al mandatario:
@AidaIbarra está tratando de hacer las cosas bien. Déjenlo gobernar en paz. Ni que fuera Harry Potter con varita mágica.
La integración de la Comisión Pesquisidora que tramitará el antejuicio, puede conformarse hoy mismo, si se cuenta con el quórum de 80 diputados.
Tal y como si se tratará de un juego de feria, la Junta Directiva, deberá sortear a los integrantes de dicho comité investigador a través de una tómbola. Y dicha Comisión será la encargada de examinar el expediente y recomendar al pleno del Congreso si retira o no la inmunidad al Presidente.
La diputada Nineth Montengro integró la pesquisidora que conoció la solicitud de antejuicio contra el expresidente Otto Pérez. La congresista afirma que la Comisión, en sus averiguaciones, puede citar incluso al Presidente.
“Tiene que citar al MP, a CICIG; permitirle al presidente defenderse de lo que están diciendo, que dé sus contra argumentos y permitir que MP y CICIG refrenden lo que están diciendo y, si tuvieran algunas dudas, y quisieran citar algunas personas lo pueden hacer”
La excontadora del partido oficial FCN-Nación, Ana Gloria Pérez Monterroso, es una figura clave en el caso: era la persona a cargo de los estados financiero del partido que llevó a la Presidencia a Morales, ahora bajo investigación por no reportar Q6.2 millones de su financiamiento.
“Una contadora de un partido tiene que ser inscrita ante el Tribunal Supremo Electoral y deja de ejercer una función privada para ejercer una función pública, porque los partidos son instituciones de derecho público, no es que haya manejado fondos públicos pero conoció del manejo de fondos públicos”
¿Asistirá o no el presidente Morales ante la Comisión Pesquisidora? ¿O se repetirá historia? como sucedió con el expresidente Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que no acudieron a la citas. El diputado Amílcar Pop habla del tema:
“Desde mi interpretación están obligado a comparecer, precisamente porque la Ley así lo establece, deben ser escuchado”
El tercer vicepresidente del Congreso, Marvin Orellana, considera que aunque la comisión recomiende retirar la inmunidad al presidente, eso no garantiza que se obtenga los votos para despojarlo de su inmunidad.
“Pero sí influye, aunque no necesariamente se tengan los 105 votos, si a mí diputado me dicen que no hay evidencias para retirar la inmunidad, pues va incidir y si el informe dice sí se le quita el antejuicio, también incide para que se piense que el presidente es culpable”
La Comisión Pesquisidora tendrá hasta 60 días para presentar su informe, pero el pleno podría fijarle un menor tiempo.
Otros mandatarios
El 18 de junio de 2002 una comisión pesquisidora del Congreso presentó el informe que recomendaba retirarle la inmunidad al exvicepresidente, Juan Francisco Reyes, sin embargo, no se alcanzó los votos de las dos terceras partes para declararlo con lugar.
Ese mismo año, en 2002, la pesquisidora que conoció el caso del expresidente Alfonso Portillo, no rindió informe y se remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia. El funcionario concluyó su gestión sin que los diputados discutieran su acusación.
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