Quienes por estos días conducen el Golpe de Estado para revocar los resultados electorales y no perder un ápice de su poder son los beneficiarios directos de la corrupción. Y de la impunidad, que es otra forma de corrupción en el sistema de justicia.

Miguel Martínez, con la asesoría de sus dos promotores de negocios (con fondos públicos), ambos ex viceministros de Alejandro Sinibaldi, el más conspicuo beneficiario de la manipulación de los casos penales autorizada por Consuelo Porras, coordinan la estrategia. Ángel Pineda del Ministerio Público y FundaTerror, acuerpados por miembros de organizaciones extremistas que se prestan para presentar las denuncias necesarias, constituyen la artillería de ese ejército.

Y los diputados de la alianza gobernante, enriquecidos de manera notoria en la actual Legislatura, forman la caballería del Golpe.

La cúpula económica ha mantenido su alianza con todos ellos durante los últimos años por coincidir en sus intereses de impunidad. Le disgusta que se ponga en evidencia cuánto se beneficia de la complicidad del Ministerio Público o de la lenidad de los jueces sustitutos de aquellos enviados al exilio, pero lo soportan estoicamente porque el beneficio es mayor que el desprestigio.

Sin embargo, hoy buena parte de esa élite se encuentra en un aprieto indeseable.

Su discreta complacencia o su paciente tolerancia con estos actores les ha hecho creer a ellos que permanecerán juntos bajo toda circunstancia. Y eso puede resultar demasiado caro.

El Golpe inevitablemente acarreará dos consecuencias de resultados negativos para esa élite y para el país entero. La protesta popular como respuesta a la anulación de los resultados electorales paralizaría prolongadamente al país, sin duda y se necesitará la represión directa de las fuerzas de seguridad para disolver esas protestas.

La revocatoria de los resultados electorales acarreará además sanciones comerciales para Guatemala. La comunidad internacional comprende que necesita actuar con drasticidad. El esfuerzo por desconocer la voluntad popular ha quedado claramente documentado para el mundo tanto por la Organización de Estados Americanos como por la misión de observación electoral europea.

Por lo demás, de triunfar el Golpe de Estado se fortalecerá una opción de poder con la cual ya le es difícil hoy a la élite alcanzar acuerdos más allá de la manipulación de la justicia. Como ejemplo, ahí está el sabotaje de la institucionalidad de gobierno y el Congreso al convenio de Alianza Público Privada para la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal. Aunque entre los inversionistas de esa alianza se encuentran algunos de los actores más determinados para expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y neutralizar al Ministerio Público como agente anticorrupción, el contrato ha enfrentado toda clase de obstáculos. Los oficialistas quieren ese negocio para ellos.

Si el Golpe triunfa inevitablemente, se establecerá en el país un régimen aún más autoritario y la codicia y la voracidad de quienes se enriquecen con fondos públicos, hasta hacer enteramente ineficaz al Estado para cumplir con sus tareas, solo tenderá a incrementarse.

El Golpe es el peor negocio para la élite, pero parece uno del cual no logran sustraerse.