Hace dos semanas Juana Alonzo regresó a San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, a 400 kilómetros de la capital La joven migrante, de 32 años, pasó 7 años presa en México, acusada de tortura y de un supuesto secuestro que no cometió. La joven viajaba hacia Estados Unidos, pero las autoridades mexicanas la encarcelaron y siete años después pidieron su liberación bajo reconocimiento de su inocencia.
Juanita, como la llaman en su comunidad, está feliz de haber vuelto a su casa, no quiere intentar ir de nuevo a Estados Unidos.
La familia de Juana se dedica a la agricultura. La edad de sus papás oscila entre los 55 años, tiene hermanos: la menor es de 15 y el mayor 36.
Pedro Alonzo, de 26 años, es uno de los siete hermanos de Juanita:
Son 7 años lo que debería pagar el Estado -de México- a mi hermana, porque fue encarcelada injustamente, pero necesitamos decidir en familia qué haremos.
Migrantes son detenidos por las autoridades fronterizas.
Elevar el caso a instancias internacionales
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la oficina de comunicación social, respondió que el área jurídica asesora a la familia Alonzo para definir la ruta sobre las peticiones al Estado de México.
Abogados de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, a la cual está adscrito el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), están interesados en seguir el caso.
Rudy Arriola, coordinador departamental de Santa Cruz de Quiché del IDPP y defensor latinoamericano:
Le podemos brindar una asesoría en su idioma para que ella pueda llenar un formulario en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como orientación primaria.
Si el caso es admitido por la Comisión y la familia Alonzo no puede pagar un abogado de la Asociación de Defensores, puede asignarle uno señalan los profesionales del derecho.
De acuerdo con el abogado Arriola, el caso de Juana tiene algunas particularidades para su admisibilidad:
Hay factores importantes:
- Pertenece a los pueblos originarios y habla el idioma Chuj.
- Es una migrante
- Fue privada de libertad por 7 años
- Hay violaciones a derechos humanos: fue sometida a tortura y fue obligada a firmar documentos
- No contó con una asesoría idónea en su idioma
Édgar Meléndez, subdirector de la división técnica profesional del IDPP y defensoría latinoamericana, señala que para que el caso sea admitido por la comisión puede tardar un año: Posteriormente de las noticiones al Estado, en algún momento pueden haber soluciones amistosas, pero puede tardar 2 años y si no hubiera acuerdo ante la Comisión, viene el informe de fondo que dura unos 5 años y ahí se recomienda si el caso es elevado ante la Corte Interamericana. Estamos hablando de tiempos prolongados.
No repetición
El hermano de Juana dice que el Estado debe reparar económicamente los 7 años que su hermana estuvo presa; además, garantizar que esto no se repita:
Es mucho el daño que provocan las autoridades antes de averiguar si esa persona es culpable o no, por eso deben revisar muy bien el caso de cada migrante que entra a la prisión, para evitar que lo que le ocurrió a mi hermana vuelva a suceder.
El abogado Meléndez, agrega que:
La víctima directa es Juan Alonzo y dependerá de lo que ella quiere, pero hay víctimas colaterales: papás y hermanos se podrían sumar a la demanda. La Comisión y la Corte no solo se fijan en la víctima directa.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), reportó que en 2021 San Mateo Ixtatán fue el municipio 18 con el mayor número de deportados: 475.