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Si ser homosexual no es fácil, un entorno rural e indígena complica más la vida, asegura Diego Lima, abogado y coordinador nacional del Observatorio de Derechos Humanos y Violencia por Orientación Sexual (LAMDA). Lima afirma que los homicidios en esta comunidad están al alza: en 2020 registraron 19; en 2023, sumaron 39. Los hombres gais y las mujeres trans son los más afectados: en Guatemala, Izabal y Santa Rosa, principalmente.
En Huehuetenango se han registrado expulsiones e intentos de linchamiento de trans; también en Sololá.
Las organizaciones que velan por derechos de sexualidades distintas han ganado experiencia para presentar casos de violencia con el agravante del prejuicio.
Esa es la batalla legal que Rafael Cruz, abogado de Cristosal, organización salvadoreña que acompaña juicios de violaciones a los derechos humanos, se traza como querellante adhesivo en un caso en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
Cinco policías son acusados de acabar con la vida de dos hombres que sostenían una relación sentimental y planeaban comprar una casa para pasar juntos el resto de su vida en Chimaltenango.
Eran Nelson Santamaría, de 47 años, y Eldin Choc, de 28, capturados en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, el 18 de abril. Se supone que los arrestaron por escándalo en la vía pública, pero posteriormente fueron brutalmente golpeados en la sede policial: Santamaría murió en el hospital por politraumatismo y Choc fue hallado estrangulado en una cuneta de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.
Foto: AlbaVisión
Santamaría era canadiense y vino de allá con sus ahorros para comprar un terreno y vivir con Choc. La relación era conocida por los vecinos de San Andrés, aprobada por algunos y reprobada por otros. Quienes debían protegerlos de ese acoso, son ahora señalados de ensañarse y matarlos. El MP quiso reformar los cargos de ejecución extrajudicial, pero la defensa se opuso.
El abogado dice que si bien creen que el dinero fue el móvil del crimen, hay un agravante: hubo menosprecio hacia su condición sexual. Nosotros lo que queremos es que dentro del proceso se reconozca la identidad de género de las personas y que eso llevó a un exceso de maldad, ensañamiento hacia la comunidad LGTBIQ+, y por lo tanto solicitaremos que se apliquen estos agravantes.
¿Cuál fue la razón de matarlos? Las investigaciones dan cuenta que Santamaría vino de Canadá con sus ahorros, entre US$20 mil y US$40 mil para comprar un terreno y vivir con Choc. La idea más fuerte que se tiene es que el móvil en un principio era apoderarse del dinero y ante la posibilidad de que fueran a denunciar los vejámenes y el robo del dinero, es que les dan muerte.
El pasado 18 de abril dos crímenes por agentes policiales enlutaron a la comunidad de San Andrés Itzapa, #Chimaltenango.
Inspectoría General inició inmediatamente la investigación, se suma DEIC y MP. Se capturan a 4 agentes y se fuga el jefe de la estación. Inicia la cacería… pic.twitter.com/wsnY2541gQ
— Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) June 11, 2024
ConCriterio solicitó entrevista al Ministerio Público (MP), pero no respondieron, también se trató de ubicar a los abogados de los policías pero no fue posible.
Diego Lima del Observatorio de Violencia Sexual cuenta que en ocasiones la vida de la víctima se salva solo con el destierro: el año pasado tuvimos el caso de una mujer Trans Ixil, de Nebaj, Quiché. Ella tenía a su novio y la familia de él se da cuenta, la acusan de secuestro, la tratan de linchar y ella se tuvo que venir a la capital.
Los casos que han acompañado han logrado que los jueces reconozcan la violencia hacia los LGTBIQ+ bajo el agravante de menosprecio al ofendido.
El caso más reciente es el de Nancy Sacul. Ella fue una chica trans indígena, y logramos una sentencia en 2022 y si logramos que el juez reconociera que fue asesinada por una chica trans. En este caso la sentencia fue de 15 por el crimen más 6 por el agravante de menosprecio al ofendido.
Lima compara el caso de Carla Reyes, otra chica trans asesinada en 2016, en aquel tiempo había desconocimiento cómo presentar los casos y los resultado no eran los esperados: fue el primer caso judicial en que se involucró sociedad civil, se intentó reconocer el femicidio –algo interesante– y no se tuvo éxito y la condena fue por homicidio preterintencional y la pena fue de 7 años.
Aunque LAMDA, registra 39 crímenes en 2023; la PDH solo documenta 1, Lima, lo atribuye a que hay poca sensibilización y falta de herramientas para identificarlos y el MP no responde sobre estos casos.
