Luz Mely Reyes, la periodista venezolana que dirige  el medio Efecto Cocuyo desde Washington DC, nos decía esta semana en Con Criterio que después de largos meses de pesimismo, el exilio y los opositores de su país empiezan a soñar con la posibilidad de unas elecciones con un escenario tipo “Guatemala”. Van a las urnas el 28 de julio de 2024 y antes solo podían concebir el “escenario Nicaragua”. Daniel Ortega no se anduvo con chiquitas y metió a la cárcel a todos sus contendientes, excepto a uno o dos que acolitan en sus misas.

El régimen de Nicolás Maduro, en cambio, que al estilo guatemalteco proscribió  a la más formidable líder opositora Maria Corina Machado como candidata presidencial, le permitió inscribirse a Edmundo González. González, según la mayoría de encuestas aventaja entre 28 – 30 puntos al dictador. Y si el conteo es limpio, lo más probable es que venza a Maduro. Lo que logró Bernardo Arévalo en Guatemala contra toda expectativa del régimen de impunidad para la corrupción.

Pero si el candidato opositor llega a gobernar le corresponderá enfrentarse a la segunda parte de ese escenario tipo Guatemala. Al dirigir el poder Ejecutivo, se encontrará rodeado por las instituciones derivadas del poder Legislativo en donde los chavistas gozan del control completo. Fiscalía, Cortes y Contraloría dominadas todas por los seguidores de Hugo Chávez.

¿Cuánto poder se ejerce en esas circunstancias desde el gobierno? Uno muy limitado, muy acotado y siempre bajo amenaza de ser depuesto ante el menor paso en falso.

Esta semana, cuando Virginia Laparra, la ex fiscal anticorrupción, anunció su salida al exilio frente al riesgo de ser nuevamente puesta en prisión, recordamos nuevamente cuán exiguo, cuán tenue es el poder de Bernardo Arévalo. El Presidente emitió un trino en la red social X para deplorar la salida de Laparra. Los torturadores de esta rápidamente se alegraron en público de poder declararla en rebeldía. Además de condenarla en dos casos, ya le han abierto carpeta en otros dos juzgados bajo su control, de los cuales puede emanar una nueva orden de captura.

El fiscal Stuardo Campo y el periodista Jose Rubén Zamora viven en piel propia las consecuencias de la cooptación del sistema de justicia y haberse opuesto al régimen que defiende.

En el país, los corruptos detienen o entrampan la ejecución de proyectos del gobierno; aseguran –so pena de grandes demandas contra el erario– el cumplimiento de sus contratos sobrevalorados; se atreven a impedir la intervención del puerto; recurren contra un mecanismo no corrupto de compras de medicamentos; mantienen contra la ley, pero con la bendición de la más alta corte el control de un banco con participación del Estado; amenazan con procesos a funcionarios y los obligan a parapetarse detrás del burladero del antejuicio. Resisten al influjo de la marea democrática para la integración de nuevas cortes con todo tipo de recursos.

Hay quien piensa que ese control sobre el organismo judicial por parte de los más corruptos ha mermado en los últimos meses. Pero las resoluciones favorables de una juez como Abelina Cruz para los exministros de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi o José Luis Benito o la actitud retardataria de procesos por parte de jueces como Fredy Orellana o Jimmy Bremer, dan fe de lo contrario. Virginia Laparra está a la puerta de una orden de captura en su contra y después de dos años de prisión injusta hace bien en ponerse a salvo.

La formalidad legaloide asfixia a la democracia.

Y el Presidente, por muy en desacuerdo que esté con todo esto, no encuentra más opción que trinar por aquí, expresarse en un video de TikTok por allá, encogerse de hombros y seguir hacia adelante.

La mejor de las suertes a los demócratas venezolanos. Que el escenario Guatemala solo se cumpla para ustedes en su primera parte.