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Arranca la semana y como todos los días, el Instituto Adrián Zapata, en la zona 2 de la capital, activa su protocolo de seguridad para los estudiantes: al ingresar al centro escolar, hay un circuito de cámara de videovigilancia que las autoridades adquirieron con los fondos públicos para controlar todo lo que ocurre dentro de las instalaciones. 

Entre el portón principal y uno secundario hay un espacio en donde uno a uno, todos los días, los estudiantes son detenidos por los profesores para pasar sobre su cuerpo un detector de metales y así evitar que los escolares ingresen algún tipo de arma.

Es un centro de enseñanza para chicos entre 13 y 15 años, pero sus protocolos de seguridad se asemejan a la seguridad de un banco o a un centro de detención penal. No es para menos, el Adrián Zapata está marcado por una ola de crímenes y atentados que obliga a tomar estas medidas.

Un video en Yotube registra cómo en 2017, un hombre con el rostro cubierto, saca un arma y dispara contra un grupo de estudiantes del instituto mientras esperaban en la estación del Transurbano de La Parroquia, zona 6; dos escolares murieron y uno resultó herido.

En 2015, el alumno Ángel Escalante, de 12 años, fue lanzado del puente Belice, porque se opuso a seguir instrucciones de un grupo de pandilleros. En 2023, después de la jornada de estudios, Domingo Sicay, de 14, fue asesinado; la novia de Domingo teme regresar al instituto y las autoridades le han permitido continuar estudios a distancia.

La semana pasada un procedimiento interinstitucional sorprendió a los alumnos: la Policía Nacional Civil (PNC) junto con entidades que protegen a menores, llevó a cabo un operativo de registro de mochilas a los escolares. Cristian, un alumno de 16 años, nos cuenta: 

“Todo estuvo tranquilo, los policías amables, nos dijeron que sacáramos nuestras cosas y que fuéramos sinceros y que dijéramos qué era lo que llevábamos. Y ¿encontraron algo? Al menos en mi clase no.

Hace unas semanas un joven ingresó una pistola de juguete al establecimiento, a la hora de salida amenazó con la misma a otro alumno y se lo llevó apuntándole con el arma por tres cuadras; el Ministerio Público (MP) llamó a la víctima hace unos días para indagar, el otro muchacho fue expulsado del instituto.

Este establecimiento cuenta con 255 estudiantes de primero a tercero básico, provienen especialmente de las zonas populares 6 y 18. Las autoridades, que por seguridad declinan hablar al micrófono, aseguran que por redes sociales han detectado a algunos alumnos con posibles nexos con pandillas y temen que recluten a otros jóvenes.

Los estudiantes no hablan del tema: “Cada quien y sus pensamientos, cada uno sabe a lo que se está metiendo”.

Diputados de distintos bloques como Lucrecia Marroquín, de VALOR, proponen la iniciativa de ley del sistema de alerta “Ángel-Domingo”, el nombre hace referencia a esos dos chicos del instituto Adrián Zapata, asesinados por pandilleros. El mecanismo busca actuar de manera inmediata e interinstitucional cuando un niño o adolescente sufra acoso o amenazas para integrarse a alguna pandilla.

Según los datos del ministerio de Gobernación, las pandillas reclutan al  38% de sus integrantes en el departamento de Guatemala, 8% en Escuintla, 6% en Alta Verapaz, 4% en Chimaltenango y 3% en Petén.

Nancy Marroquín espera afuera del instituto para recoger a sus hijas. A pocos metros, dos agentes de la PNC resguardan el lugar. La seguridad llega todos los días a la hora de ingreso y salida de los estudiantes. Marroquín: “los papás deberíamos de tener un poco más de responsabilidad, entonces no me da ningún miedo ningún problema”.

Este reportero tuvo información de que algunos estudiantes tienen a uno o sus dos papás en la prisión y ellos quedaron a cargo de otros adultos. Esta cadena de hechos carga sobre el instituto un gran estigma. Marroquín: le digo a mi hija: siempre va haber mala fama, pero uno tiene que tomar la iniciativa de cambio. Todos dicen “ah el Adrián Zapata”, pero a veces hay colegios donde todo se esconde.  A veces decimos “nuestros hijos no son delincuentes para que les revisen las mochilas, pero a la larga… está bien”.

Esta iniciativa está por ser presentada en el pleno. Mientras que avanzó la semana pasada en su primera lectura una que busca declarar a las pandillas como terroristas. Una visión a la cual se opone el Gobierno, pues según el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, supone un replanteamiento institucional.