Cuando Alejandro Giammatei ordenó, a instancias de Ángel Pineda y Consuelo Porras, contratar abogados en Estados Unidos para perseguir a dos guatemaltecos que se expresaban críticamente respecto a su gobierno y a quienes conducen la acción pública penal en Guatemala, violentó de manera grotesta la Constitución. La libertad de expresarse es un derecho fundamental resguardado. Intentar coartarlo es grave, pero todavía más grave es pretender movilizar fondos públicos por medio de diferentes instituciones públicas para castigar a alguien por expresarse.

Es la contradicción misma del sentido de la Constitución. Supone poner al Estado a perseguir al ciudadano con todo su poder, incluso fuera de sus fronteras, para limitarlo en sus derechos.
Luego, la idea de que al sancionar Estados Unidos a funcionarios guatemaltecos, como Porras y como Pineda, se sanciona al Estado de Guatemala no solo es pre moderna sino alarmantemente antidemocrática.

También es peregrino, aldeano realmente, creer que dos antiguos fiscales guatemaltecos pueden ejercer tal nivel de influencia sobre el gobierno estadounidense (que cuenta con una embajada y numerosos funcionarios acreditados en Guatemala) para motivar sus sanciones.

En sentido estricto, Ángel Pineda, Consuelo Porras y Alejandro Giammattei querían castigar a Aldana y a Sandoval por insumisos. Por oponerse a su gestión. Y querían que el contribuyente pagara su antojo.

Por eso, ante la evidencia presentada por el gobierno de Bernardo Arévalo, el entorno de Giammatei y Porras se ven en predicamento. Ninguna de sus explicaciones, de sus balbuceos para mitigar el señalamiento fundamental, logran ponerlo a salvo.

El secretario Pineda pidió, a partir de las expresiones de Juan Francisco Sandoval y Thelma Aldana por medio de Twitter, que se acometiera contra ellos. El entonces Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, ha admitido ya que fue convocado a la sede del Ministerio Público, donde se encontró con dos abogados para establecer la estrategia de persecución. Esto significa que el bufete y los abogados ya estaban previamente escogidos por el Ministerio Público. Y no será casualidad que se trate del mismo bufete contratado por otras dependencias del gobierno de Alejandro Giammattei a un alto costo para el erario. Ha sido contratado también por otros acusados de graves casos de corrupción en Guatemala y por personas que han perdido sus visas de ingreso a Estados Unidos.

Acto seguido, el Procurador giró oficio para pedir fondos al Ministerio de Finanzas orientados a pagar el primer mes de servicios, diciembre de 2021. US$57,700 a una tasa del Q8 por US$1.

Luego el antiguo Procurador confiesa que se percataron de que la persecución contra Aldana y Sandoval a partir de sus expresiones públicas tenía poco futuro. Entonces se pensó en cambiar el objeto de la persecución a la supuesta sustracción de documentos del Ministerio Público por parte de los antiguos fiscales. Extrañamente, el oficio del MP para reformar los motivos por los cuales se quería perseguir a los dos ciudadanos, nunca llegó. Quizá porque para delinearlo, la Fiscal General habría tenido que admitir la existencia real de denuncia y documentación de un caso de corrupción grave de Alejandro Giammattei. Además, que era insensato para esto contratar a un bufete extranjero y no actuar directamente como Ministerio Público.

De manera que el caso abierto por la denuncia ante la Contraloría General de Cuentas, para establecer si se requirieron los fondos y estos se llegaron a pagar, somete a una presión indeseable a los antiguos aliados para terminar la lucha contra la corrupción. Puede devenir en denuncias penales cuando el sistema de justicia tenga margen de independencia, pero mientras tanto y de cualquier forma, es un caso sin desperdicio, que ha puesto a gemir a sus protagonistas.