Hemos normalizado una paradoja difícil de justificar: un Estado que ofrece servicios propios de un país pobre, pero que remunera a sus altos funcionarios como si administraran uno rico. El problema no está únicamente en el Gobierno central, el Congreso o el Organismo Judicial, las municipalidades ofrecen probablemente uno de los ejemplos más reveladores e impactantes. Además, muchos de ellos, cuando dejan el cargo, reciben cuantiosas indemnizaciones ¡De locura!
Un reciente informe sobre remuneraciones municipales analizó los datos disponibles de los alcaldes. De las 340 municipalidades del país, solamente 138 tenían información actualizada y verificable en junio de 2026; apenas el 40.9%. Antes de discutir lo mucho que cobran, hay un problema más visible: seis de cada diez municipalidades ni siquiera permitían conocer adecuadamente cuánto recibe su alcalde. Y las cifrasque se conocen sorprenden: la remuneración promedio es de Q44,032 mensuales. El alcalde de Quetzaltenango llegó a Q110,196.88 en un solo mes; La Gomera reportó Q97,375; Antigua Guatemala, Q96,250; Masagua, Q93,144 y Fraijanes, Q83,443.
Pero el verdadero arte de la remuneración pública aparece cuando se observa algo más que el sueldo. Dietas, gastos de representación, bonificaciones y otros conceptos pueden transformar salarios aparentemente moderados en ingresos extraordinarios. En Fraijanes, por ejemplo, un salario base de Q11,275 terminó convertido en Q83,443. En La Gomera, Q25,000 se convirtieron en Q97,375. Los quince alcaldes con mayores ingresos adicionales recibieron conjuntamente más de Q810,000 por encima de sus salarios base.
El propio informe señala la contradicción: cuando las remuneraciones son elevadas, contienen componentes poco explicados o carecen de suficiente transparencia, se debilita la legitimidad con la que las municipalidades exigen contribuciones a los ciudadanos. Y ese es el debate que algunos prefieren evitar.
La pregunta que surge inmediatamente es si todo esto es razonable en cualquier país, pero especialmente en uno pobre, no suficientemente desarrollado y con un debate social permanente sobre qué hacer para mejorar ciertos indicadores sociales. Guatemala dedica alrededor del 20% de su presupuesto a inversión. No significa que el resto sean salarios ni que todo gasto de funcionamiento sea innecesario. Pero sí muestra una estructura pública que consume enormes recursos para sostener el funcionamiento y deja proporcionalmente poco para construir carreteras, hospitales, escuelas, drenajes, puertos o infraestructura.
Y en ese marco aparece la discusión sobre el IUSI. Quienes se oponen a eliminarlo advierten que las municipalidades perderán recursos y que eso afectará la inversión. El argumento sería más convincente si no provocara inmediatamente una pregunta incómoda: ¿Qué hicieron con el IUSI durante todos los años en que sí lo cobraron? Porque los vecinos pagaron año tras año por una vivienda adquirida con ingresos sobre los que ya habían tributado y que mantienen y reparan con su propio dinero. Ahora resulta que eliminar ese impuesto amenaza la inversión municipal. ¿Cuál inversión? ¿Dónde están las obras que demuestran que mantener el IUSI es indispensable?
Cuando al Estado le falta dinero, la solución casi siempre es la misma: buscar quién pagará más, y los nichos de recaudación son pocos. Otro impuesto, otra tasa, otro arbitrio, otro aumento presupuestario. Raramente se comienza preguntando qué gasto puede reducirse ¿Por qué el sacrificio siempre debe comenzar por el contribuyente y no por el gestor que cobra cantidades desorbitadas?
Antes de lamentarse por la eliminación del IUSI residencial, los alcaldes deberían explicar cuánto gastan en salarios, dietas, representación y bonificaciones y cuánto convierten realmente en inversión. Y lo mismo debería exigirse al Gobierno, Congreso, Organismo Judicial y demás instituciones. Porque el dinero público no pertenece al funcionario, sino que sale del bolsillo del ciudadano.
Tal vez el problema no sea precisamente que el Estado recauda poco, quizá sea algo bastante más incómodo:
cobra demasiado para lo poco que devuelve y se paga demasiado bien para lo mal que funciona.