Hay fracasos que pueden explicarse por desconocimiento, improvisación o falta de experiencia. Otros resultan bastante más difíciles de justificar. El de la seguridad durante el actual gobierno pertenece a esta segunda categoría porque estamos ante un presidente que, al menos teóricamente, conoce la materia.

Arévalo no llegó al poder como un improvisado en asuntos de seguridad. Ha trabajado durante años en transformación del aparato de seguridad, consolidación de la paz y reforma institucional. Dirigió programas para Naciones Unidas e Interpeace y ha publicado libros y artículos sobre seguridad y Ejército. Helen Mack llegó a decir, antes de que asumiera la Presidencia, que el expertise de Arévalo era precisamente el Ejército. Su propia biografía oficial destaca su experiencia en la transformación del aparato de seguridad estatal. Precisamente por eso resulta difícil entender lo ocurrido.

En 2025 Guatemala rompió la tendencia descendente de homicidios: cerró con 3,138 casos, un incremento del 9.4 % respecto de 2024. El propio informe presidencial reconoce además un dato demoledor: el 84.7 % de los hechos se cometieron con armas de fuego. Aunque los primeros meses de 2026 permitieron recuperar parcialmente la tendencia descendente, desde abril volvieron a superarse los datos del año anterior y julio terminó con 312 muertes violentas, 40 más que en julio de 2025: diez personas asesinadas cada día durante ese mes.

Pero las estadísticas no explican por sí solas la sensación de pérdida de control, también lo hacen las escenas. Ataques armados en calles y comercios; cuatro muertos en un solo hecho en La Gomera, una familia atacada mientras celebraba un cumpleaños en Boca del Monte, asesinatos y balaceras que se suceden con una normalidad estremecedora.

A la violencia en las calles se suma la incapacidad para recuperar el control de las cárceles. El año comenzó con motines simultáneos, retención de guardias y una escalada que alcanzó las calles con ataques contra la policía. Lo encontrado esta semana en Pavón debería bastar para medir la dimensión del problema penitenciario: 850 cervezas, unas 20 mil cajetillas de cigarrillos, celulares, objetos punzocortantes, gran cantidad de droga y equipos de comunicación. Y como si no fuera suficientemente grotesco, las autoridades localizaron una excavación que pretendía convertirse en un túnel para evasión de presos.

La requisa provoca una pregunta bastante incómoda: ¿cómo llegó allí todo lo incautado? Encontrar 20 mil cajetillas de cigarrillos dentro de una prisión demuestra capacidad para decomisarlas, pero sobre todo evidencia que alguien tuvo capacidad para introducirlas. Y ese es el problema fundamental de la seguridad: un Estado que llega tarde.

Después del asesinato llega la cinta amarilla; tras el ataque armado la patrulla; cuando las estructuras criminales se organizan dentro de las cárceles la requisa; y después de descubrir miles de objetos ilícitos la investigación para averiguar quién permitió su ingreso. El Estado reacciona tarde porque no previene.

En febrero, el propio presidente afirmó que “la democracia necesita políticas de seguridad efectivas” y que estas deben responder a las amenazas que enfrenta la población. Difícil estar en desacuerdo. El problema es que gobernar consiste precisamente en convertir las buenas teorías en resultados, y eso es lo que se echa en falta.

Cuando quien ha dedicado buena parte de su vida profesional a estudiar la seguridad termina presidiendo un país donde las cárceles continúan desafiando al Estado, las armas dominan buena parte de la violencia homicida y los ciudadanos contemplan asesinatos cotidianos en las calles, no es suficiente con explicar la complejidad del problema.

A un experto se le debe exigir algo más que un buen diagnóstico: acción, que es lo que precisamente falta.