El presidente Alejandro Giammattei impulsa la creación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que se traduce, entre otras cosas, en el cobro por las actividades pesqueras. Además de establecer cuotas y límites sobre el producto que se extrae del mar, hay también multas y sanciones para castigar infracciones, de hasta Q1.1 millones (400 salarios mínimos).
La normativa se identifica con el número 6075 y avanzó silenciosamente en el Congreso de la República. La semana pasada se incluyó ya en tercera lectura, es decir está en el último paso para su aprobación.
El artículo 1 del documento justifica que el objeto es:
“Establecer el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades acuícolas y pesqueras, administrativas y científicas en extracción, recolección, reproducción, cría, cultivo, conservación, investigación y explotación…”
La norma divide la pesca en 7 categorías:
- Artesanal
- Pesca de subsistencia
- Pesca científica
- Pesca deportiva
- Pesca semi-industrial
- Pesca industrial
- Pesca recreativa y turística
Todas ellas están sujetas a un pago no definido, según describe el artículo 16 de la presente iniciativa: “La cuota por derecho de acceso a la pesca se trata de la tarifa que se pagará a la Dirección de Pesca y Acuicultura, en concepto del otorgamiento de una autorización de pesca (…) la que obliga al beneficiario de la misma al pago de un valor de carácter monetario, el cual se cancelará independientemente del hecho de que la embarcación pesque o no pesque”.
Los pescadores artesanales y de subsistencia creen que se verán afectados.
ConCriterio entrevistó a dos pescadores de Izabal y sus opiniones son opuestas en cuanto al cobro por pesca, pero coinciden en que es necesario regular la extracción porque hay escasez.
Miguel Ramos, de la comunidad Caimanes tiene 48 años de los cuales 33 los ha dedicado a esta actividad artesanal, y considera que hay pesca indiscriminada porque no hay regulación:
Por un lado está bien porque nosotros cuando empezamos se pagaba un impuesto: licencia de pesca, tarjeta de navegación, pero desde hace 10 años para acá nadie paga.
Este pescador al igual que Marcos Coc, un hombre de 58 años y con 35 en la actividad, se quejan de que la pesca de arrastre le ha hecho le ha hecho daño:
En aquel tiempo había jaibas, mojarras, chunte; pero como otros pescadores vienen arrastrando todo con trasmallo, lo jalan como motores y abarcan una manzana y siguen. Entonces como casi ya no hay pescado, yo pesco solo para comer, para hacer negocio ya no.
Coc, contrario a Ramos, no está de acuerdo con que se cobre porque su actividad la considera de subsistencia: a la gente pobre nos afecta, porque nosotros no tenemos dinero, porque ni siquiera tenemos suficiente equipo; en cambio hay otros que compran hasta 6 mil metros de trasmallo compran y eso queremos que no se permita para que haya abundancia de pescado.
Este reportero buscó la postura de las autoridades del Ministerio de Agricultura, pero al cierre no hubo respuesta. También se intentó con pescadores de El Puerto San José, Escuintla y Champerico, Retalhuleu, pero no fue posible.
Román Castellanos, diputado del bloque Semilla:
La bancada Semilla se opone a esta iniciativa porque la hemos estudiado y vemos que elimina la garantía de gratuidad de la pesca de subsistencia y elimina la posibilidad de investigación científica de las especies acuáticas y marítimas y esto lo que hace es favorecer la pesca deportiva y turística, limitando la artesanal que es con la cual se sostienen muchas familias.
De acuerdo con el gobierno, el proyecto fue socializado con asociaciones nacionales de pescadores, no obstante, los entrevistados en esta nota desconocían de la iniciativa, habían escuchado rumores de cambios, cuando la misma está a un paso de convertirse en ley.