Tres años han pasado desde la designación de Consuelo Porras como Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP). Nombrada por el expresidente Jimmy Morales, la Fiscal General es un personaje que despierta más antipatías que simpatías.

Un año después de asumir la jefatura del MP, en mayo de 2019, una encuesta encargada por Prensa Libre a la firma ProDatos reveló que el 70% de la población reprobaba a Porras. El tiempo no disipa su impopularidad: en diciembre del año pasado, 90 organizaciones sociales solicitaron públicamente su renuncia.

¿Qué ha ganado la justicia penal con esta abogada de 67 años que dirige el MP? A favor o en contra de la Fiscal General, un acierto reconocido de manera unísona es el trabajo que hace para ampliar la cobertura de la institución en el país: entre 2018 y 2021, el MP saltó de cubrir un 16% del territorio nacional a ocupar el 80%.

Hay una pregunta que Eddie Cux, director de Acción Ciudadana, una organización enfocada en monitoreo de corrupción, no puede obviar de cara a ese crecimiento ¿es sinónimo de eficiencia?: “Habría que ver cuál es el número de fiscales, la capacitación que tienen estos y la especialidad que pueden tener para abordar los conflictos o los delitos de cada una de las municipalidades.”

La memoria de labores del MP (2019-2020) registra que capacitó a 4 mil 202 personas y que la institución creó 1 mil 506 plazas nuevas, 840 para las 90 fiscalías nuevas. Aníbal Beltrán Carrillo es el alcalde de San Antonio Palopó en Sololá, uno de los municipios donde el MP inauguró oficina en 2020:

 “Mire le soy sincero, esa oficina supuestamente la abrieron hace cuatro o cinco meses, pero la acaban de hacer empezar a funcionar. Si mucho, tiene como un mes o menos. Solo vinieron a poner el rótulo del MP ahí y hasta allí quedó. Yo no le podría decir si se dan abasto, si llega o no llega gente, porque está muy alejado de lo que es la municipalidad, el juzgado de paz y la policía. Está en Agua Escondida, en una aldea como a 4.5km de la cabecera municipal.”

Abel López, el agente encargado en la subestación de la Policía Nacional Civil San Antonio Palopó, dice que la agencia no solo queda lejos, sino que el personal no posee vehículo.

La deficiencia más preocupante revelada por López es que la oficina trabaja de 8 a 16 horas, no tienen teléfono y, según cuenta, los delitos se cometen por la noche.

ConCriterio contactó al fiscal a cargo, Luis Cruz, pero se negó a responder por teléfono.

Su poca credibilidad nubla sus aciertos

Lucrecia Vásquez, secretaría de la Mujer del MP, habla de un acierto clave de la gestión de Porras en atención a los delitos contra las mujeres y la niñez: diseñar diferentes modelos de atención a víctimas, formar equipos de trabajo para la alerta Isabel-Claudina y el call center de niñas embarazadas menores de 15 años, además de implementar el Observatorio de Mujeres del MP.

Una de las personas que acumula experiencia en este sistema es Paula Barrios, coordinadora de la organización Mujeres Transformando el Mundo. Ella reconoce buenas intenciones, pero también es crítica: “Se centraliza la atención únicamente en el departamento de Guatemala, quedando desprovisto de estos mecanismos los diferentes departamentos del país. No se tiene un enfoque regional, ni un mecanismo de cómo el Ministerio Público va a dar esta misma respuesta en los diversos departamentos del país.”

David Casasola, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), muestra cifras que miden eficiencia y la reducción de la mora fiscal durante la gestión de Porras. En 2014 el MP atendía 14 de los 100 casos que estaban en sus manos y en 2019 la cifra se elevó a 37. A su vez, en 2014 el MP contaba 1.3 millones de casos de mora, en 2019 la cifra descendió a casi 1 millón.

Carlos Guerra, expresidente del Consejo de la Carrera Judicial, y Carlos Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad‏, dicen que la reducción en la mora es un esfuerzo compartido en el sistema judicial.

Pero Elvin Díaz, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, es más escéptico y alerta que los números pueden ocultar desestimaciones discrecionales. La memoria de labores del MP (2019-2020) estableció que en ese año se desestimaron 284 mil 120 denuncias, el 86% de estas en sede fiscal. Además, se archivaron 86 mil 92 expedientes.

Entre 2019 y 2020, la Fiscalía de Delitos Administrativos reportó un crecimiento del 103% en las solicitudes de desestimación en sede fiscal, y de un 217% en las solicitudes de archivo en relación con el período anterior (2018-2019). En la Fiscalía contra el Secuestro, el aumento fue del 45.23% en el total de los casos depurados y del 50% en las solicitudes de desestimación por sede fiscal.

La fiscal tiene sus logros, pero para Cux, su credibilidad siempre será cuestionada por debilitar la lucha contra la corrupción. Él enumera tres casos claros que reflejan cómo la Fiscal General fue cooptada y jugó a conveniencia del poder:

• El primero, no hay resultados en el canal judicial de la investigación contra Thelma Aldana, exjefa del MP. Esto refleja, en opinión de Cux, que el proceso fue la vía de impedir una candidatura presidencial.
• Segundo, el traslado y bloqueo del caso contra Leyla Lemus, la entonces Secretaria de Comunicación de la Presidencia y ahora magistrada titular a la Corte de Constitucionalidad. Cux dice que dicha acción reveló un acuerdo tácito o real entre Porras y el mismo Gobierno.
• Finalmente, el nombramiento de una fiscal especial para investigar al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval. La investigadora estaba ligada al crimen organizado.

El tiempo pasa y, a pesar de los avances y retrocesos de la institución, las víctimas permanecen a la espera de recibir justicia.

El pasado 1 de marzo, un tribunal condenó a 30 años de prisión a Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo por el asesinato de María Isabel Véliz Franco en 2001. La madre de la víctima, Rosa Elvira Franco, debió esperar 20 años para que se otorgará una sentencia.

Un joven de 26 años, lleva 13 años a la espera que su caso llegué a los juzgados. Este ingresó a los 4 años al Seguro Social por una cirugía en el brazo y una transfusión de sangre lo marcó de por vida: su madre asegura que el laboratorio no siguió los protocolos debidos y contagió con hepatitis C al chico. A la fecha, el caso continúa en investigación.

En la experiencia de Barrios, el 90% de los casos de violencia contra la mujer se quedan en investigación porque los agresores se fugan: “tenemos jóvenes, que ahora ya son adultos, que llevan 10 años esperando las órdenes de aprehensión.”