Aunque según la jefa de la Fiscalía contra la Corrupción no era necesario que Alejandra Carrillo, directora del Instituto de la Víctima, estuviera en su oficina en las dos ocasiones que el Ministerio Público allanó la institución, de haberla encontrado, los fiscales habrían confiscado su celular:

“El objetivo de ese allanamiento y la orden que teníamos judicial era para secuestrar los expedientes. Aunque también estaba la posibilidad, según la autorización judicial, de poder secuestrar el teléfono.”

Aura Marina López, jefa de la Fiscalía Anticorrupción, explicó que los allanamientos respondieron a dos denuncias realizadas por una misma persona el 13 de julio del 2021. Los datos de la denunciante se encuentran bajo reserva para protegerla. ¿Qué denunció? La sobrevaloración del arrendamiento de la sede donde funciona el Instituto de la Víctima y contrataciones irregulares en la dependencia.

Durante los allanamientos del 10 y 24 de junio, los investigadores secuestraron el expediente administrativo del alquiler del lugar, un edificio en la zona 10. La fiscal aseguró que la denuncia señala además irregularidades en la contratación de 109 personas a raíz de una convocatoria de empleos del 13 de julio de 2020. La fiscalía ubicó 99 contratos.

¿Dónde estaba Alejandra Carrillo durante uno de los dos allanamientos? La fiscal López responde que el 24 de junio Carrillo estaba invitada a un evento del Ministerio Público:

“Tuve conocimiento de que ella había confirmado su participación, pero después me enteré que no estuvo presente. El Ministerio Público tiene eventos frecuentemente, me imaginó que era algo que tenía que ver con el instituto o que haya sido invitada ella, pero no relacionado con el caso.”

El departamento de Comunicación Social del Ministerio Público explicó que el 24 de junio hubo una reunión de trabajo de alto nivel relacionada con el  Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia IxKem (Maimi). Carrillo fue convocada pues el Instituto de la Víctima es parte de este sistema. La directora, sin embargo, no llegó.

El Instituto de la Víctima aseguró a ConCriterio que existen testigos que pueden confirmar que Carillo se encontraba en la institución los días de los allanamientos. Sin embargo, el fiscal anticorrupción, Eduardo Pantaleón, afirmó que se intentó ubicar a Carrillo, pero no fue posible, pues le indicaron que no se encontraba en el establecimiento. Aunque el fiscal reconoce que el 10 de junio Carrillo se presentó en el instituto instantes antes de que el allanamiento terminara.

El Instituto fue creado en 2019 y empezó a funcionar en septiembre del 2020. ElPeriódico reveló en febrero del 2021 que partidos políticos convirtieron la institución en una agencia de empleo. Entre los contratados se encuentran: la hija de la excandidata presidencial Sandra Torres; la hermana del exdiputado Juan Manuel Giordano; la esposa del juez Mynor Moto; la hija del alcalde de Barberena; el hermano del magistrado Jose Antonio Pineda y el hijo del magistrado Nery Osvaldo Medina, entre otros.

Carrillo fue nombrada como directora de la institución en diciembre del 2019 por el expresidente Jimmy Morales. En 2015 fue electa diputada del Partido Patriota y en enero del 2016, pasó a formar parte del Movimiento Reformador (MR). Annelisse Herrera, exasistente del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y colaboradora eficaz del Ministerio Público, aseguró que Sinibaldi compró el MR y pagó a legisladores de varias bancadas para lograr representación en el Congreso.

La directora, después de los allanamientos, desempeña sus funciones con normalidad. El 2 de julio, las redes de la institución publicaron fotografías de Carrillo junto a otros directores en una visita a la sede de Quetzatenango.