La política guatemalteca parece haber encontrado un nuevo escenario —o quizá perfeccionado el ya existente— para dirimir sus diferencias: el palenque. Poco se discute ya sobre proyectos, ideologías, propuestas económicas o modelos de Estado; ahora vuelan expedientes, fotografías, grabaciones, acusaciones y señalamientos. En medio aparecen palabras que deberían estremecer a cualquier democracia: narcotráfico, financiamiento, amenazas, muertos y desaparecidos.
El enfrentamiento entre Arzú, Aguirre y Arenas —hay además un informe de más de 60 páginas, identificado como República Intelligence, en el que aparecen casi dos centenas de nombres— ha ido adquiriendo precisamente ese tono. Lo preocupante no es únicamente determinar quién tiene razón, sino constatar que, cualquiera que sea la verdad, el escenario resulta inquietante. Si lo que se está diciendo es cierto, es malo, muy malo; si no lo fuera, quizá sea todavía peor.
Si los señalamientos son veraces, estaríamos ante relaciones y prácticas que merecerían una explicación mucho más seria que los insultos o una pelea política en redes sociales y medios. Pero, si no lo fueran, estaríamos presenciando algo igualmente grave de cara al próximo proceso electoral: la utilización deliberada de acusaciones relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado como instrumento para destruir adversarios. En cualquiera de los dos escenarios, el daño es enorme: profundiza la polarización interna y deteriora la imagen del país hacia el exterior.
Lo que resulta difícil de eludir es el bajísimo tono al que ha descendido la disputa política. No se trata ya de acusar al contrario de incompetente, populista, autoritario o incluso corrupto. Se ha introducido la narcoactividad en la conversación y, una vez dado ese paso, resulta muy difícil retirarla. La sospecha permanece incluso después de una aclaración, un desmentido o una resolución judicial.
Existen, además, antecedentes especialmente perturbadores que deberían aclararse hasta sus últimas consecuencias. Años atrás, también durante una campaña electoral, aparecieron informaciones sobre negocios de publicidad vinculados a clubes nocturnos, obligaciones económicas cercanas al millón de dólares y personajes relacionados con el crimen organizado. Algunos fueron posteriormente asesinados y sobre otros continúan existiendo interrogantes acerca de su paradero. Precisamente por la gravedad de esos antecedentes, resulta indispensable separar hechos documentados, indicios, versiones, acusaciones y especulaciones.
Se aproxima 2027 y comienza a percibirse que parte de la estrategia electoral podría consistir en ver quién enloda más al contrario, en vez de demostrar quién tiene una mejor oferta de gobierno. Y el narcotráfico, que constituye un creciente problema nacional, es probablemente un instrumento perfecto para conseguirlo. No requiere necesariamente una sentencia para producir efectos electorales. Basta una fotografía, una relación empresarial, un préstamo, una amistad inconveniente, una grabación, un intermediario cuestionado o una acusación suficientemente repetida.
La carga de la prueba termina entonces invertida: ya no corresponde a quien acusa demostrar lo que afirma, sino al señalado demostrar que una fotografía, una amistad, una reunión o una relación comercial no significan lo que se insinúa. Es una inversión peligrosa de las reglas.
Arzú, Aguirre y Arenas son, de hecho, los primeros protagonistas visibles de una campaña que todavía no ha comenzado formalmente. Y probablemente no serán los últimos. Cuando un documento contiene casi dos centenas de nombres y circula en un ambiente político cada vez más polarizado, el problema deja de afectar exclusivamente a quienes hoy ocupan los titulares.
El problema de los palenques es que entretienen al público mientras los contendientes se destrozan. Pero la política nacional debería ser algo más que una pelea de gallos. Y las autoridades tienen ahora la obligación de establecer si detrás de estas acusaciones existen hechos que deben investigarse y perseguirse o simplemente una maquinaria destinada a eliminar competidores antes de llegar a las urnas.