Thelma Aldana, exfiscal General, no es aún candidata la Presidencia de la República, pero el solo hecho de reconocer una intención de competir por primera magistratura, ha provocado que sus detractores se anticipen con una lluvia de denuncias en contra de la exjefa del Ministerio Público.

Aldana junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) llevó a proceso penal a los exmandatarios, junto con exdiputados, exjueces y empresarios del país.

En mayo del año pasado concluyó su gestión y desde ese día las denuncias caen en el edificio de Gerona, sede del MP. A la fecha acumula al menos 10 investigaciones bajo acusación de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, omisión de denuncia, peculado por sustracción, resoluciones violatorias a la constitución y nombramientos ilegales.

Las denuncias en contra de Thelma Aldana no han parado desde que dejó el cargo.

Una de las denuncias la planteó la comisión específica del Congreso bajo sospecha de sobrevaloración de un inmueble adquirido durante su gestión cuyo costo fue de Q35 millones. Felipe Alejos, el vicepresidente del Congreso, también promovió una investigación contra la exfiscal por plazas fantasma.

“Después del trabajo de fiscalización  que hemos hecho, nosotros evidenciamos al pueblo de Guatemala  la corrupción que hubo tanto en la compra del edificio como en la plaza fantasma”.  Así lo exponía Alejos, quien fue denunciado durante la gestión de Aldana sospechoso de integrar una red de operadores que cobraba comisiones a empresarios para la agilización del crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Diputados denunciaron sobrevaloración en compra de edificio durante gestión de Aldana

Samuel Pérez, Secretario General del partido Semilla, cree que será la dinámica del proceso electoral 2019. La denuncia de la que habla fue presentada por la UNE y por poco impide la formalización del partido.

Muchas de las denuncias que van a ir surgiendo contra ella –Thelma Aldana- y contra muchos partidos políticos, pero no van a tener fundamentos legales suficientes. El tema nuestro fue claro, argumentaban que un logotipo de otro partido se parecía al nuestro y empezaron a darle trámite a la denuncia.

Carlos Bezares, analista político, recuerda que durante todos los procesos electorales se da lo que se denomina la judicialización de la política, lo cual señala puede ser utilizado  para impedir o imponer una candidatura.

Entonces en ese momento lo que hacemos es erosionar la justicia porque obviamente la resolución del caso va a poner contentos y descontentos a otros. Este tipo de estrategias además de afectar a un sector de votantes, erosiona el sistema judicial, entonces el gran perdedor es la democracia.

Rootman Pérez, exsecreatario del Política Criminal del MP quien forma ahora parte del equipo de trabajo político de Aldana, no descarta que ante una eventual candidatura las denuncias se incrementen, no solo contra ella sino con el o los partidos con quien participe la exfiscal.

El mensaje más claro que envían es que existe un evidente temor y lo que buscan es que el país permanezca en las mismas condiciones para satisfacer sus intereses particulares.

En 2011 y 2015 Sandra Torres y Zury Ríos debieron ir a las cortes a batir sus candidaturas. El TSE negó la inscripción a ambas. A Torres, por considerar que incurrió en fraude de ley al divorciarse del presiente Álvaro Colom para poder participar, en esa ocasión la Corte de Constitucionalidad no permitió su participación. Mientras que en 2015 el fallo fue a favor de Zury Ríos a quien el TSE le negaba su inscripción por ser familiar de un un exjefe de Estado de Facto, una prohibición constitucional.

ConCriterio extendió la búsqueda de denuncias hacia los otros candidatos ya oficiales, pero hasta el cierre de esta nota, el MP no rendía respuesta.