Cinco días después de iniciada la campaña electoral ninguno de los candidatos a cargo de elección pública quiere hablar del elefante en el salón. Y pensar que una legión de potenciales electores espera que algún aspirante autorizado por el sistema lo haga.

Nadie habla de la necesidad de recuperar la legalidad. De la urgencia de sustituir a la Corte Suprema de Justicia para cumplir con la Constitución. De lo esencial de una reforma en la justicia para recuperar el Estado de Derecho. ¿La presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) supuso un trauma para el sistema? Pues bien, lo conducente, lo edificante en términos democráticos sería fortalecer al Organismo Judicial, al Ministerio Público para impedir que los presuntos excesos vuelvan a darse, profesionalizar los métodos y estandarizar los procedimientos para evitar la arbitrariedad o el riesgo de abusos.

Pero en lugar de eso, presenciamos la perversión en el Ministerio Público. Es increíble que la política criminal de la Fiscal General, en un país ahogado por la corrupción, sea la venganza contra quienes se atrevieron a combatirla.

Y los candidatos democráticos callan ante la evidencia. Los otros pues ni modo.

La Fundación contra el Terrorismo se ha convertido en un poder paralelo, en un aparato que procura tanta impunidad para los corruptos como castigo para quienes se opongan, y los candidatos, incluso los más democráticos, quienes están en contra del poder cancerígeno de la corrupción, prefieren guardar silencio.

Nadie dice esta boca es mía respecto a la fuerza vengadora que ha provocado la salida de jueces y fiscales, de antiguos magistrados, a quienes se les promueven procesos espurios para forzarlos al exilio. Los corruptos se vengan de los justos, y ustedes callan complacientes.

¿Sabe alguien cuántos operadores de justicia, a quienes no se les ha logrado formular cargos sólidos en ningún caso, se encuentran ya afuera del país?

Y la perversión abarca a todo régimen, incluido el electoral.

El mismo método de manipular a la Contraloría General de Cuentas, que no sirve para otra cosa, utilizado para bloquear a Thelma Aldana, es usado ahora para excluir a Thelma Cabrera y a Roberto Arzú. El manoseo de la ley es avalado por todos los magistrados en fila, excepto una, vale reconocer.

Animados por el incentivo de la corrupción con premio y sin castigo, se han lanzado a competir por cargos públicos con acceso a fondos directos (como los alcaldes) o indirectos (como los diputados que venden su voto o su omisión de voto) una gran cantidad de mercanchifles sin la menor idea de las prioridades a atender en el país. Abundan los candidatos a la Presidencia que sólo quieren medrar de la microscópica bancada que aspiran a constituir.

¿Por qué no se atreven los candidatos democráticos a decir que si logran el triunfo van a desbaratar este sistema? ¿Por temor a la venganza de los poderosos?

Los candidatos deben estar conscientes de la consecuencia de permanecer mudos sobre la persecución a los operadores de justicia y la exclusión de candidatos  por parte de la autoridad electoral.  Que los votantes los vean tibios, cuando no comparsas dispuestas a bailar al son que les toque el que más grita, el que más duro golpea, el que más paga. Indistinguibles uno de otro, como no sea en la propaganda chabacana. Su participación en esos términos, solo contribuye a degradar la democracia, a admitir que es un mero asunto de procedimientos y fechas cabalísticas.